La reciente votación en la Eurocámara sobre un reglamento que busca acelerar la expulsión de migrantes en situación irregular ha evidenciado el aislamiento del Gobierno de Pedro Sánchez en la Unión Europea en lo que respecta a la política migratoria. Esta norma, que fue aprobada con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones, cuenta con el respaldo de los gobiernos socialistas de Dinamarca y Malta, que se han alineado con una postura restrictiva en este ámbito.
El reglamento, que también otorga cobertura legal a los centros de deportación fuera de la UE, ha sido respaldado por los eurodiputados daneses y malteses del grupo socialista, que rompieron la disciplina de partido establecida por el grupo socialista europeo, liderado por la española Iratxe García. Esta situación pone de manifiesto que ni siquiera los pocos primeros ministros socialistas restantes en la UE apoyan a Sánchez.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha desarrollado una política migratoria muy restrictiva, mientras que el primer ministro maltés, Robert Abela, maneja uno de los Estados miembros con mayor presión migratoria. Por otro lado, los socialistas suecos se abstuvieron de participar en la votación.
A pesar de la oposición del grupo socialista, que acusó al Partido Popular Europeo (PPE) de aliarse con la extrema derecha, la votación ha resultado en un respaldo significativo a las políticas de deportación promovidas por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en sus acuerdos con Albania.
El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, ha afirmado que «no se puede avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen», criticando abiertamente la estrategia del Gobierno español que favorece regularizaciones masivas de migrantes.
Desde la perspectiva de los socialistas europeos, el texto aprobado refleja influencias de las políticas de la administración Trump, señalando un giro hacia un enfoque más agresivo en materia de deportaciones.
El nuevo reglamento introduce la capacidad de devolver a personas en situación irregular a un tercer país, distinto al de origen, estableciendo una obligación de cooperación por parte de los migrantes durante todo el proceso de retorno. Aquellos que no cumplan con esta obligación podrán enfrentarse a sanciones adicionales, incluida la detención prolongada.
Este proceso de votación no marca el final del procedimiento, ya que los representantes del Parlamento deben negociar la versión definitiva del reglamento con los gobiernos de la UE, que habían adoptado una postura en diciembre de 2025, cuando el Gobierno de Sánchez fue el único que se opuso a esta norma.
La presidencia chipriota de la UE ha comenzado conversaciones con la Eurocámara, buscando alcanzar un acuerdo antes de finalizar el año. «Es esencial garantizar que quienes no tienen derecho legal a permanecer en la UE sean efectivamente retornados», ha expresado el viceministro de Inmigración chipriota, Nicholas A. Ioannides.
