Las elecciones presidenciales en Perú han tomado un giro inesperado pero no sorprendente. Roberto Sánchez, quien busca aprovechar la herencia política de Pedro Castillo, se ha consolidado como el rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta programada para el 7 de junio. Fujimori, candidata de la derecha, ha conseguido el 17% de los votos, mientras que Sánchez, representante de Juntos por el Perú, ha logrado un 12,05% de las adhesiones, superando a Rafael López Aliaga, un candidato de la ultraderecha que esperaba avanzar.
Con más del 80% del padrón electoral escrutado, Sánchez cuenta con una ventaja de 300.000 votos sobre López Aliaga, lo que genera preocupación en Lima, que teme revivir la polarización y la incertidumbre de hace cuatro años. «El santo pueblo ha hablado», afirmó Sánchez tras conocer los resultados, un eco de las elecciones de 2021 en las que Castillo derrotó a Fujimori en su tercer intento por acceder al Palacio Pizarro.
La contienda electoral ha estado marcada por una notable dispersión de votos, donde superar la barrera de los diez puntos es suficiente para mantenerse en carrera. El ascenso de Sánchez, que se esperaba en algunos sondeos, se ha sustentado en un fuerte apoyo en regiones alejadas de la capital, donde predominó el voto conservador, en lugares como Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y San Martín.
Al conocer los últimos resultados, Sánchez declaró: «Justicia restauradora para los mártires del sur andino», refiriéndose a las protestas que estallaron a principios de 2023 tras la destitución de Castillo, las cuales resultaron en numerosas muertes. Además, hizo un llamado a que «nunca más se deponga o detenga a un presidente constitucional» y pidió la libertad del exmandatario.
Las elecciones del pasado domingo se vieron empañadas por una serie de irregularidades. Según un editorial del diario limeño El Comercio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) «no puede esconder detrás de las cifras» las deficiencias en la votación. Más de 55.000 ciudadanos en Lima no pudieron ejercer su derecho al voto debido a que el material electoral no llegó a 187 mesas. López Aliaga aprovechó esta situación para denunciar un «fraude» que lo dejó fuera de la contienda, aunque el titular de la Defensoría del Pueblo, José Gutiérrez, desestimó tales acusaciones, afirmando que no había condiciones para hablar de fraude de manera general.
El analista César Hildebrandt comentó que los asesores de Keiko Fujimori están «exultantes» porque creen que la presencia de Sánchez les permitirá posicionarse como una alternativa frente a la posibilidad de que una expresión de izquierda retorne al poder. Sin embargo, Hildebrandt advierte que muchos peruanos, especialmente aquellos que aún recuerdan los años de la autocracia de Alberto Fujimori, pueden no inclinarse por ella en la segunda vuelta. Si López Aliaga hubiera pasado a esta fase, los ciudadanos tendrían que elegir entre una derecha tradicional y una ultraderecha representada por un candidato con vínculos con el Opus Dei.
