La situación del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha cobrado relevancia en el debate político tras la decisión de la jueza que investiga los hechos ocurridos durante la dana en Valencia el 29 de octubre de 2024. Esta magistrada ha elevado el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) con el objetivo de que se impute al exmandatario.
No obstante, desde el Partido Popular (PP) a nivel nacional han afirmado que por el momento no se plantean tomar medidas contra Mazón, ya que consideran que «no hay novedades» y que «su situación procesal es la misma que ayer», según han indicado fuentes de la dirección del partido.
El PP en la Comunidad Valenciana también ha reiterado que «no ha cambiado» la situación judicial ni política de Mazón y que esperará a la decisión del TSJ. Según los Estatutos del partido, un afiliado pierde su condición tras ser condenado por un delito con sentencia firme. Además, se contempla la suspensión provisional de militancia si se abre juicio oral, aunque esto se refiere específicamente a delitos de corrupción.
Esta postura se ha manifestado un día después de que la jueza señalara la «inactividad negligente» de Mazón durante la catástrofe que resultó en la muerte de 230 personas. Mazón, al ser diputado en Les Corts, sigue siendo aforado, lo que complica su situación.
Desde el PP, se han negado a valorar si la decisión de la jueza es dura, insistiendo en su respeto por las decisiones judiciales. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había expresado su respeto por la decisión de la jueza de Catarroja, subrayando que «la jueza tiene sus responsabilidades» y que el PP acepta «todas las resoluciones judiciales». Ante la pregunta sobre si Mazón debería renunciar a su escaño, Feijóo sugirió «esperar tranquilamente» el fallo del Tribunal Superior de Justicia, asegurando que se siente «muy tranquilo» al respecto.
En el contexto de esta situación, algunos miembros del PP han recordado el caso de Rita Barberá, cuyo proceso judicial en 2016 generó tensiones internas en el partido. Barberá fue imputada por el Tribunal Supremo por un presunto delito de blanqueo de dinero, lo que llevó a una serie de decisiones complicadas dentro del PP y culminó con su renuncia a la militancia tras presiones internas.
Las normas del PP establecen que las infracciones graves pueden resultar en la suspensión de afiliación o incluso en expulsiones, dependiendo de la gravedad del delito. En este sentido, la situación de Mazón podría verse afectada si el TSJCV decide finalmente imputarlo.
Por ahora, el PP parece decidido a mantener su apoyo a Mazón, a la espera de la evolución del proceso judicial y de las decisiones que tomen los tribunales.
