El Partido Popular de Ceuta ha presentado en el Senado una serie de iniciativas parlamentarias para denunciar el retraso en el pago de los atrasos salariales al profesorado de la enseñanza concertada en la ciudad autónoma.
Impulsadas por la senadora Cristina Díaz, estas propuestas exigen al Gobierno de España una explicación clara y urgente sobre el motivo de la demora y la fijación de una fecha concreta para la regularización de estos pagos pendientes.
La denuncia surge tras las protestas públicas de los docentes afectados, quienes aún no han recibido cantidades adeudadas. Desde el PP recuerdan que, al tratarse de una competencia estatal, es el Ejecutivo central quien debe ofrecer respuestas claras, ya que la educación en Ceuta depende directamente de este.
La formación política ha calificado de «inadmisible» la falta de un calendario detallado o información precisa por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, pese a la prolongación de esta situación.
Falta de transparencia y responsabilidades del Gobierno
Mediante las iniciativas registradas en la Cámara Alta, el PP solicita que el Ministerio de Educación especifique la cuantía total que se debe al profesorado de la concertada en Ceuta, así como las fechas en las que se inició la tramitación administrativa y cuándo el expediente fue remitido al Ministerio de Hacienda.
Además, exigen conocer la causa exacta del retraso, un punto que hasta ahora no ha sido aclarado, a pesar del impacto que supone para los profesionales afectados.
También se interpela directamente al Ministerio de Hacienda para que informe sobre el estado del expediente, indicando si ha sufrido paralizaciones, devoluciones o requerimientos que estén obstaculizando la resolución del pago.
Impacto en los docentes y exigencia de soluciones
Desde el PP de Ceuta insisten en que este problema no puede quedar atrapado en trámites burocráticos ni justificaciones administrativas. El retraso no solo supone que los docentes no cobren lo que les corresponde, sino que también evidencia una falta total de transparencia por parte del Gobierno.
La senadora Cristina Díaz subraya que «el problema no es solo que no se haya pagado, sino que nadie explica qué ha ocurrido ni cuándo se solucionará», y critica el silencio del Ejecutivo ante una situación que afecta directamente a los profesionales del sector educativo.
El partido advierte que normalizar este tipo de retrasos, especialmente cuando dependen de la gestión directa del Estado, solo aumenta la incertidumbre entre los docentes.
Con esta ofensiva en el Senado, el Partido Popular busca obligar al Gobierno a dar explicaciones detalladas y, sobre todo, a comprometerse con un plazo concreto para el pago de los atrasos. Cristina Díaz defiende la necesidad de aclarar dónde está el problema, quién es el responsable y cuándo se resolverá.
El PP considera inaceptable que el Ejecutivo permanezca al margen y sin ofrecer información mientras los afectados continúan sin recibir cantidades que les corresponden por derecho. Por ello, exigen una respuesta clara y urgente que ponga fin a esta situación.
En definitiva, el objetivo es arrojar luz sobre todo el proceso administrativo del expediente, identificar el punto exacto del retraso y garantizar que el pago se realice sin más dilaciones.
