El Ministerio de Trabajo mantiene su firme intención de implementar el nuevo registro de jornada, a pesar del dictamen negativo emitido por el Consejo de Estado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, presentó hace seis meses un paquete de medidas reguladoras con el objetivo de reforzar el control horario y facilitar la labor de la Inspección de Trabajo en relación con las horas extraordinarias.
A pesar de las discrepancias internas dentro de la coalición gubernamental y de los informes adversos provenientes del Ministerio de Economía, la fecha de inicio para las nuevas condiciones de fichaje sigue siendo incierta. Después de que se confirmara en el Congreso de los Diputados la derrota del proyecto de ley que buscaba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, la ministra trató de recuperar aspectos de esta normativa a través de la regulación, evitando así la necesidad de formar una mayoría en la cámara legislativa.
La intención es endurecer el control del registro de jornada, que es obligatorio desde 2019 y establece que las empresas deben registrar las horas trabajadas por sus empleados a lo largo del día. Esta medida busca prevenir que se realicen horas extras no remuneradas. Según datos del INE, se registran al menos 2,5 millones de horas extraordinarias mensuales en el país.
En septiembre, Díaz anunció el inicio del proceso reglamentario, que incluye la obligación del Consejo de Estado de emitir un dictamen evaluativo. Aunque este dictamen no es vinculante, puede afectar la percepción pública de la norma antes de su entrada en vigor y proporcionar argumentos a quienes se oponen, como la CEOE, que ha manifestado su intención de impugnarla ante los tribunales.
Los defensores de la normativa argumentan que algunas empresas evitan contabilizar las horas trabajadas para no revelar excesos horarias que impliquen mayores costos. En el Ministerio de Trabajo, la adopción de los argumentos del Ministerio de Economía ha sido mal recibida, ya que este considera que la norma podría vulnerar el derecho a la intimidad de los trabajadores y podría ser económicamente insostenible para las pequeñas empresas.
Uno de los principales cambios que se busca introducir en la regulación es eliminar la opción de registrar la jornada mediante una simple hoja de papel y bolígrafo, sustituyéndola por un sistema informático. La idea es que la Inspección de Trabajo pueda acceder de manera remota y en cualquier momento a los registros para verificar si los empleados están realizando horas extra.
Desde el Ministerio de Trabajo, se sostiene que esta modificación no infringe la intimidad de los empleados, similar a cómo la Agencia Tributaria maneja información fiscal sensible. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, criticó la postura del Ministerio de Economía, destacando que ha sido un obstáculo constante para las medidas destinadas a proteger a los trabajadores.
Por su parte, el ministro de Economía ha evitado entrar en polémicas y ha señalado que el proyecto tiene un objetivo ambicioso, subrayando la necesidad de asegurar una implementación equilibrada que permita a las empresas cumplir con esta importante medida en favor de los trabajadores.
