El magistrado Ismael Moreno, encargado de la instrucción del conocido «caso Koldo» en la Audiencia Nacional, ha solicitado al Consejo de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Transportes, toda la documentación relacionada con ciertas obras públicas bajo sospecha de haber sido manipuladas.
Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, Moreno reclama que se le remitan a la mayor brevedad posible copias de los informes técnicos emitidos en los expedientes de estas obras, así como la identificación de los funcionarios involucrados en la elaboración de dichos documentos.
Esta petición responde a una iniciativa de la Fiscalía Anticorrupción, que considera esta información fundamental para avanzar en la investigación. El juez destaca que disponer de estos datos resulta «útil y pertinente» para esclarecer los hechos que se están tratando de depurar en el proceso.
Además, Moreno ha encargado a la Guardia Civil que analice esta documentación y elabore el informe correspondiente, con el fin de profundizar en las posibles irregularidades que rodean la adjudicación de contratos públicos en el Ministerio de Transportes.
El caso investiga presuntas prácticas fraudulentas que habrían beneficiado reiteradamente a diversas constructoras, entre ellas Acciona Construcción, Levantina Ingeniería y Construcción, y Obras Públicas y Regadíos. Según la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, estas adjudicaciones habrían sido concedidas a cambio de retribuciones económicas tanto para el exministro José Luis Ábalos como para su asesor Koldo García.
El auto también subraya que las licitaciones sospechosas permanecían bajo la jurisdicción del Ministerio de Transportes, Adif y la Dirección General de Carreteras. En este contexto, señala a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y a Javier Herrero, director general de Carreteras, quienes ya han sido desplazados de sus cargos, como facilitadores dentro de sus competencias para asegurar el éxito de estas adjudicaciones.
La compleja investigación ha derivado en la imputación de varios altos cargos de las empresas implicadas, así como de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, entre otros.
Este proceso ejemplifica la creciente atención judicial sobre posibles redes de corrupción en la adjudicación de contratos públicos en España, un ámbito donde la transparencia y la legalidad resultan esenciales para garantizar la confianza ciudadana en las instituciones.
