El Govern balear bajo la presidencia de Marga Prohens estaba al tanto de la reclamación por el contrato de mascarillas que finalmente quedó caducado, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este caso, conocido como el «caso Koldo», afecta tanto al PSOE como al PP en las Islas Baleares, siendo la única comunidad donde el bipartidismo se mantiene presente en esta trama de corrupción.
Durante el mandato de Francina Armengol, el PSOE entregó alrededor de seis millones de euros a una presunta organización criminal por servicios fraudulentos o innecesarios. Por su parte, el Govern del PP, que asumió con Prohens como presidenta, debe aclarar la paralización burocrática que permitió que la reclamación de cuatro millones de euros relacionada con las mascarillas quedara sin efecto, según la UCO.
La Guardia Civil dedicó un centenar de páginas en su análisis para desmontar las mentiras del PSOE, especialmente las de Armengol sobre sus vínculos con Koldo García. En cambio, el informe de la UCO señala con pocas líneas que el Govern de Prohens acordó en agosto de 2023 iniciar el procedimiento para resolver parcialmente el contrato de emergencia de suministro de mascarillas. Este trámite corresponde al Ejecutivo del PP, que llevaba apenas un mes en el poder cuando se tomó la decisión.
Contrariamente a lo declarado por Prohens ante el Congreso en mayo de 2024, donde negó conocer los detalles del caso, la documentación demuestra que la administración ya había puesto en marcha la maquinaria para gestionar la devolución del dinero desde agosto, en pleno periodo vacacional. Esta realidad desmiente el argumento de falta de aviso dentro del Govern.
El director general del IB-Salut, Javier Ureña, ha asumido la responsabilidad de la gestión del escándalo en el actual Gobierno y calificó la situación como una «herencia envenenada y oculta». Sin embargo, su declaración choca con el hecho de que fue su propio Ejecutivo quien ordenó iniciar el procedimiento de reclamación nada más acceder al cargo.
La consellera Manuela García Moreno, vinculada al departamento implicado en el contrato, ha evitado pronunciarse al respecto. Mientras tanto, Prohens aseguró que al conocerse el informe inicial de la UCO en febrero de 2024, el Govern emprendió una investigación exhaustiva, aunque esta «operación estilo Sherlock Holmes» resulta innecesaria dado que el PP ya llevaba casi un año gestionando el asunto.
El problema central radica en que el Govern del PP solo acordó comenzar el procedimiento y no avanzó en la recuperación efectiva de los fondos. La Audiencia Nacional ha concluido que la organización de Koldo maniobró con éxito para que el expediente permaneciera oculto y sin avances durante meses.
Entre agosto de 2023 y febrero de 2024, solo se registraron dos movimientos administrativos: en octubre se concedió un trámite de audiencia a la empresa beneficiaria, Soluciones de Gestión, y en noviembre se presentó un escrito de alegaciones. Desde entonces, el silencio administrativo fue absoluto hasta que el caso estalló en Madrid.
El instructor Ismael Moreno se mostró sorprendido por la calma de la presunta red criminal tras ser informada en enero sobre la caducidad del procedimiento desde Palma, interpretando que la banda consideró cumplido su objetivo. A día de hoy, no se ha identificado al alto cargo o funcionario del actual Govern que advirtió a Koldo que no tendría que devolver nada a las arcas públicas de Baleares.
