Este viernes se cumplen dos años desde que el Ministerio de Transición Ecológica, bajo la dirección de la ministra Teresa Ribera, anunciara la intención de restablecer la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El Ejecutivo había previsto que el nuevo organismo estuviera «plenamente constituido y operativo» en un plazo máximo de cuatro meses tras la aprobación de la ley de creación correspondiente. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido sin que se materialice este proyecto.
El propósito de esta iniciativa es despojar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de su papel como regulador en el sector energético. Actualmente, el trámite sigue «sin avances» en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los Diputados. Recientemente, se amplió el plazo para enmiendas hasta el 25 de febrero, una fecha que no parece definitiva, ya que en los últimos meses se ha prorrogado en múltiples ocasiones, alcanzando hasta 49 ampliaciones desde finales de 2024.
El Gobierno justificó la creación de este nuevo organismo mencionando la «lucha contra el calentamiento global». Este fenómeno, según el Ejecutivo, está transformando profundamente los mercados energéticos, introduciendo nuevas soluciones como el hidrógeno y otros gases renovables, y planteando nuevos desafíos, como la integración de modelos de negocio innovadores y el fortalecimiento de la protección al consumidor. En este contexto, se hace imprescindible redefinir el rol del regulador energético para aumentar su especialización y ampliar su ámbito de actuación.
En septiembre de 2024, poco después de que se aprobara iniciar la audiencia pública del anteproyecto de ley para la CNE, el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Transición Ecológica, dio luz verde a este anteproyecto. Desde entonces, ha habido especulaciones sobre su llegada, especialmente tras el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025, pero hasta la fecha no se ha concretado ninguna medida.
Tras este incidente, el Foro Industria y Energía (FIE) solicitó abrir un debate estratégico sobre la función y el futuro de la CNE en la configuración del sistema energético español. Curiosamente, este tema no parece inquietar a la CNMC, que ha continuado operando con consejeros en funciones y otros con mandatos caducados sin aparentes problemas. A pesar de ello, la carga de trabajo en materia energética no se ha detenido, y recientemente se aprobó una controvertida retribución de las redes eléctricas que ha generado malestar en el sector.
Además, se están finalizando procedimientos sancionadores relacionados con el apagón y se están revisando los procesos operativos tras este incidente, así como estudiando la futura retribución en el sector del gas. En este contexto, el 17 de junio la presidenta del regulador, Cani Fernández, concluirá su mandato tras seis años al frente, junto con otros tres consejeros, uno de los cuales, Pilar Sánchez, dimitió recientemente por diferencias con la presidenta.
Mientras tanto, la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, se encuentra en París participando en una cumbre de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Allí, Aagesen respondió al presidente francés, Emmanuel Macron, quien había culpado a las energías renovables del apagón, defendiendo que existen informes «muy claros» que desmienten tal afirmación. La ministra instó a Macron a considerar los informes de organismos como la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E), argumentando que el sistema energético español es un «sistema ganador» que ha apostado por la transformación.
