El Gobierno de Canarias, formado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), enfrenta la posibilidad de perder hasta 15 millones de euros debido a la caducidad de multas medioambientales. Según la información proporcionada a Canarias Ahora, la tarea de identificar a las empresas sancionadas sería tan compleja que detendría por completo la actividad de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), la cual es responsable de estas denuncias.
En respuesta a una solicitud de información pública, la ACPMN ha argumentado que su sistema informático es obsoleto y no ha permitido la digitalización de los archivos relacionados con las sanciones. Para cumplir con la solicitud, el organismo tendría que llevar a cabo un exhaustivo análisis de miles de expedientes, tarea que consideran inviable en el contexto actual.
El departamento dirigido por Montserrat Ortega se ampara en un criterio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que establece que una petición de información podría considerarse «abusiva» si su atención interrumpe la gestión habitual del organismo. La ACPMN ha indicado que el riesgo de filtrar datos personales es elevado, ya que no dispone de herramientas automatizadas para anonimizar la información, lo que obligaría a un análisis manual de cada archivo.
A pesar de que la solicitud excluía datos de personas físicas para cumplir con la Ley de Protección de Datos, la agencia sostiene que no puede garantizar la confidencialidad sin una revisión minuciosa de cada línea. La ley establece que la información sobre infracciones y sanciones solo puede ser tratada con el consentimiento del interesado o si está permitido por la ley.
El requerimiento de información surgió tras un informe de la Audiencia de Cuentas que reveló que las Islas Canarias corren el riesgo de perder 14,8 millones de euros por la caducidad de sanciones ambientales. Este informe señala que una parte significativa de las multas, 6,6 millones de euros, corresponde a ejercicios previos a 2018, las cuales probablemente ya han prescrito según la Ley del Suelo de Canarias.
La Audiencia también destacó la falta de seguimiento en el proceso recaudatorio de la ACPMN, sugiriendo que esto podría estar causando un daño al erario público. Aunque la directora de la Agencia mencionó un plan de choque para la recuperación de las sanciones, la situación del software SIGESTEIN, utilizado desde 2010, complica la tarea. Este sistema, considerado genérico, no ha evolucionado lo suficiente para proporcionar acceso a los datos necesarios.
Desde su implementación, SIGESTEIN no ha permitido crear un expediente electrónico ni generar listados de infracciones, lo que ha llevado a la ACPMN a argumentar que la búsqueda de información debe hacerse manualmente, uno por uno. Además, el sistema carece de un módulo estadístico que facilite la diferenciación entre procedimientos de personas físicas y jurídicas.
Expertos en derecho administrativo, como Noel Armas de la Universidad de Sevilla, critican la justificación de la agencia, sugiriendo que debe demostrarse la dificultad real para acceder a la información solicitada. Por su parte, Eugenio Reyes, portavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción, ha enfatizado que la ciudadanía tiene derecho a conocer qué empresas están causando daños ambientales sin enfrentar las consecuencias, argumentando que la falta de transparencia limita la capacidad de los ciudadanos para actuar.
Reyes califica de «perverso» el hecho de que numerosas multas hayan caducado y ha instado a la necesidad de conocer los detalles de estas infracciones. Según él, la información podría ser crucial para abordar problemas como las recientes inundaciones en la región.
