El Gobierno andaluz ha tomado medidas esta semana para mitigar los efectos de las inundaciones provocadas por el paso de un tren de borrascas en varias provincias de la comunidad. Por un lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión destinada a la reparación de carreteras y de infraestructuras hidráulicas y agrícolas. Por otro lado, se ha aprobado un decreto ley, que ha sido respaldado por la mayoría parlamentaria del PP, que incluye diversas rebajas fiscales para los afectados.
Según la fuente, la Junta ha anunciado que su esfuerzo financiero supera los 1.700 millones de euros, de los cuales una parte proviene de un superávit de aproximadamente 1.160 millones registrado en las cuentas públicas del Ejecutivo autonómico en 2024. Sin embargo, la controversia ha surgido en relación a las bonificaciones fiscales, que permiten deducir el 100% de los gastos de reparación de viviendas, así como incentivos para la adquisición de nuevas propiedades en caso de pérdida.
Las deducciones se traducen en un 6% en el IRPF, lo que ha llevado a la oposición a criticar la falta de ayuda directa, argumentando que el monto destinado resultará en una cantidad testimonial para quienes hayan perdido sus hogares. Además, la próxima semana se abrirá un plazo para que los agricultores que hayan sufrido pérdidas en sus cultivos debido a las inundaciones puedan solicitar hasta 150.000 euros.
La reparación de los daños ocasionados por las inundaciones no debería ser objeto de controversia política, aunque resulta difícil que cualquier decisión no esté influenciada por el contexto electoral. Tanto la oposición como el partido en el Gobierno deberían centrarse en implementar medidas efectivas que aceleren la recuperación económica y social de las áreas afectadas.
El plan de la Junta, denominado Andalucía Actúa, sugiere que, dada la urgencia de reparar viviendas o buscar nuevas, sería más útil proporcionar ayudas directas en lugar de confiar en la efectividad de una rebaja fiscal a largo plazo.
