El Gobierno anunció una ampliación del servicio universal de telecomunicaciones que beneficiará a cerca de 800.000 familias en situación vulnerable. La iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital bajo la dirección de Óscar López, prevé mejorar la calidad y el acceso a la telefonía fija e internet en todo el territorio nacional.
El proyecto de Real Decreto que se somete a audiencia pública esta semana contempla un aumento significativo en la velocidad mínima garantizada de conexión fija a internet, pasando de los actuales 10 Mbps a un mínimo de 100 Mbps. Esta medida posicionaría a España como el primer país europeo en ofrecer esta velocidad dentro del paquete básico de servicio universal.
Según explican desde el Ministerio, el avance en las infraestructuras de fibra óptica, la expansión de redes móviles 5G y el desarrollo de tecnologías satelitales permiten alcanzar esta mejora, garantizando así un acceso más rápido y estable, incluso en zonas de difícil cobertura.
Otra novedad relevante es la eliminación del operador único encargado de ofrecer el servicio universal. Mientras que históricamente Telefónica asumía esta responsabilidad, ahora todas las compañías de telecomunicaciones que operen en una zona determinada deberán proporcionar el servicio bajo las condiciones establecidas por ley. Esto permitirá a los usuarios elegir libremente entre diversos operadores, fortaleciendo la competencia y la calidad del servicio.
Además, el nuevo reglamento obliga a todas las operadoras a aplicar un descuento mínimo del 25% en las tarifas a los usuarios con ingresos bajos, ampliando el abono social a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este colectivo, que actualmente suma cerca de 800.000 hogares, podrá acceder a precios más asequibles a partir del 1 de enero de 2027.
En materia de accesibilidad, el proyecto también establece que las compañías deberán ofrecer una gama adecuada de terminales para personas con discapacidad. Asimismo, tanto los operadores como las Plataformas 112 tendrán que implementar antes de junio de 2027 la función de Texto en Tiempo Real (RTT), una herramienta que facilita la comunicación para personas con dificultades auditivas o del habla.
Con estas reformas, el Ejecutivo busca garantizar que todos los ciudadanos dispongan de servicios de telecomunicaciones de calidad y a precios justos, reforzando los derechos digitales y la inclusión tecnológica en España.
