El Gobierno se encuentra en la fase final de elaboración del plan anual normativo para 2026, con la intención de aprobarlo cuanto antes en el Consejo de Ministros. Los ministerios ya han presentado las iniciativas en las que trabajan para incorporarlas a este plan, que será elevado por el Ministerio de Presidencia. Aunque esperan que la aprobación se produzca pronto, no garantizan que esté listo para la reunión ministerial del próximo martes.
El plazo legal para esta aprobación vence el 30 de abril, aunque en ejercicios anteriores se ha superado con margen, como ocurrió en 2020 y 2021. La prioridad del Ejecutivo es concluir este plan rápidamente para recuperar el impulso legislativo, mostrar su hoja de ruta y transmitir que mantiene el foco en gobernar hasta el final de la legislatura en 2027.
Esta estrategia cobra especial relevancia en un momento en que el Gobierno se enfrenta a críticas por una supuesta paralización parlamentaria, y en plena tramitación del juicio por el caso mascarillas. Durante la sesión de control, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, cuestionó directamente a Pedro Sánchez sobre la convocatoria de elecciones, acusándole de incumplir compromisos.
Desde Moncloa respondieron que mantendrán su línea de trabajo, presentando al Congreso iniciativas que consideran beneficiosas tanto para Cataluña como para España, con la esperanza de lograr apoyos. La presentación del plan normativo también busca incluir compromisos pendientes con sus socios parlamentarios, intentando así limar diferencias.
Las dificultades numéricas en el Congreso han provocado que algunas leyes clave queden estancadas, como la de secretos oficiales. Otras, previstas en el plan del año pasado, ni siquiera llegaron a ser debatidas en el Consejo de Ministros, como las leyes de juventud y democracia en la empresa.
Para evitar el bloqueo legislativo, el PSOE ha reactivado la tramitación de cuatro leyes y ha retomado dos más que estaban paralizadas desde hace meses. Esta táctica ya se aplicó en noviembre, tras la ruptura con Carles Puigdemont, cuando impulsaron siete iniciativas, aunque solo tres prosperaron.
Entre las normas prioritarias figura la protección de menores en entornos digitales, que establecería la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años. Esta propuesta es una de las banderas de Sánchez en su enfrentamiento con las grandes plataformas tecnológicas, a las que quiere responsabilizar penalmente por incumplimientos.
También se acelera una ley para reconocer como agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones, una medida apoyada por partidos de derecha, incluido Junts, pero rechazada por otros socios del Gobierno. Para compensar a estos últimos, se tramitan normativas que obligarán a las eléctricas a publicar en sus webs las vías para resolver litigios y otra para conceder la nacionalidad a personas saharauis, excluidas de la regularización por su condición de apátridas.
Asimismo, se han retomado proyectos para transferir la AP-9 a Galicia y modificar aspectos de las mutualidades dentro de la Seguridad Social. Entre las críticas de sus aliados está la ausencia de un proyecto de Presupuestos desde el inicio de esta legislatura, aunque el Ejecutivo insiste en mantener su hoja de ruta hasta 2027.
La actividad parlamentaria de 2025 coincidirá con las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y si no hay adelanto, también con las generales, lo que podría dificultar los acuerdos en el Congreso. En cualquier caso, el plan normativo permite al Gobierno definir su perfil y mostrar sus prioridades, que incluyen la transformación productiva, el refuerzo del Estado de bienestar y la ampliación de derechos.
El último plan normativo incluyó cerca de doscientos proyectos, con una mezcla de leyes orgánicas, ordinarias y reales decretos, números similares a los de 2024, aunque el cumplimiento ha disminuido. Las medidas ligadas al plan de recuperación son imprescindibles para recibir los fondos europeos pendientes, que ya alcanzan un porcentaje significativo tras cumplirse la mayoría de los objetivos previstos.
