La prórroga en los alquileres promovida por Sumar será derrotada hoy en el Congreso de los Diputados, evidenciando la falta de liderazgo de la formación y su incapacidad para movilizar al PSOE frente a la negativa de Junts. La derecha y los independentistas catalanes votarán en contra de esta medida, que buscaba prolongar la regulación de los precios del alquiler en el mercado privado.
Desde el inicio, el PSOE mostró escepticismo ante la viabilidad de esta iniciativa presentada por Yolanda Díaz y sus aliados, y prefirió distanciarse para evitar riesgos políticos. La prórroga de los alquileres había nacido de una protesta de los cinco diputados de Sumar que, hace poco más de un mes, bloquearon durante horas el Consejo de Ministros para presionar a Pedro Sánchez a incluir esta medida en un paquete económico destinado a mitigar el impacto de la guerra en Irán.
Sin embargo, el Ejecutivo dividió la propuesta en dos decretos para salvar el principal paquete de medidas y dejar en manos de Sumar el desgaste político de la prórroga. Esta decisión dejó a la formación de Yolanda Díaz sola en la tarea de buscar apoyos parlamentarios, una misión que ha resultado infructuosa, en especial por el rechazo frontal de Junts.
Los intentos de Sumar por convencer a los separatistas catalanes fracasaron, empeorados por las declaraciones de Díaz en las que tachó a Junts de racistas y clasistas, un episodio que rompió definitivamente las relaciones entre ambos y cerró cualquier vía de diálogo. Ningún miembro de Sumar ha rectificado ni pedido disculpas por estas acusaciones, lo que ha incrementado el distanciamiento.
Ante la imposibilidad de avanzar, Sumar ha centrado sus críticas en el Partido Popular, responsabilizándolo de perjudicar a millones de hogares afectados por el fracaso de la prórroga. Más recientemente, la coalición intentó trasladar la presión al PSOE, exigiendo a Pedro Sánchez que asumiera ciertas demandas de Junts para intentar desbloquear la situación, pero la respuesta catalana fue tajante: no.
En el seno de Sumar niegan que este proceso haya generado frustración, subrayando que durante la vigencia temporal de la prórroga cientos de inquilinos han solicitado formalmente a sus caseros la congelación de sus rentas. Sin embargo, la inseguridad legal podría abrir ahora la puerta a disputas judiciales, dado que la medida dejará de estar vigente tras la votación parlamentaria de hoy.
Este episodio ha puesto en evidencia la fragilidad política de Sumar y su limitada capacidad para influir en las políticas de vivienda del Gobierno, un área que consideran prioritaria. La falta de apoyo del PSOE cuestiona el papel y la conveniencia de la formación dentro del Ejecutivo si no puede impulsar sus principales propuestas.
Además, el liderazgo en este asunto ha pasado simbólicamente a Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, quien defenderá la iniciativa en el Congreso, mientras que Yolanda Díaz ha cerrado esta etapa con un saldo negativo tras su enfrentamiento con Junts. El Ministerio de Vivienda optó por mantenerse al margen, dejando a Sumar la responsabilidad y el desgaste político de la propuesta.
Solo una abstención inesperada de Junts podría salvar la prórroga, pero este escenario parece poco probable, dejando la iniciativa en un callejón sin salida.
