El pasado domingo, Costa Rica eligió a su nueva presidenta, Laura Fernández, quien se alzó con el 48,5% de los votos en la primera vuelta de unas elecciones en las que compitieron 19 candidatos. Fernández, perteneciente al oficialista Partido Pueblo Soberano (PSS) y con 39 años, no contaba con experiencia electoral previa, lo que añade un componente inusual a su triunfo. El candidato socialdemócrata, Álvaro Ramos, quedó en segundo lugar con un 32,2% de los sufragios.
La creciente criminalidad en el país se convirtió en el eje central del programa de la futura mandataria. Durante su campaña, Fernández aseguró que su administración continuaría con la línea de mano dura implementada por el gobierno saliente de Rodrigo Chaves, quien dejó un legado de políticas controvertidas en materia de seguridad.
Propuestas contundentes contra la delincuencia
Entre las medidas que Fernández ha prometido se encuentra la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Este tipo de infraestructura busca no solo albergar a los delincuentes, sino también disuadir la actividad criminal mediante condiciones de detención estrictas. Además, la nueva presidenta planea declarar el estado de excepción en “zonas conflictivas”, lo que le permitiría detener a sospechosos sin necesidad de una orden judicial, una medida que ha generado críticas y defensores a partes iguales.
La situación de la delincuencia en Costa Rica ha alcanzado niveles alarmantes, lo que hace que la promesa de Fernández de aplicar una política de tolerancia cero resuene entre la población. En un país donde la seguridad se ha deteriorado, muchos votantes ven en su elección una oportunidad para revertir esta tendencia. Sin embargo, las propuestas de mano dura también han suscitado preocupaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos y el manejo de la justicia.
Retos y expectativas para el nuevo gobierno
El nuevo gobierno de Fernández enfrenta grandes retos, no solo en términos de seguridad, sino también en la necesidad de restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Los próximos meses serán cruciales para establecer cómo se implementarán sus promesas y cuál será la respuesta de la ciudadanía ante estas medidas drásticas. La presión para obtener resultados inmediatos será sin duda un factor constante en su administración.
Con la atención del país centrada en sus acciones, Laura Fernández tendrá que navegar por un complejo panorama político y social, donde las expectativas son altas y los márgenes de error, reducidos. La nueva presidenta ha declarado que su mandato se enfocará en la lucha contra la delincuencia, pero el camino hacia una Costa Rica más segura podría estar lleno de obstáculos y decisiones difíciles.
