La sanidad pública vasca se enfrenta a uno de los momentos más críticos en años. La Osakidetza ha reconocido que, además de las ya conocidas dosis caducadas de la vacuna hexavalente, al menos otros dos tipos de vacunas podrían haberse administrado fuera de su fecha de validez a un total de 78 pacientes. Esta revelación agrava la crisis actual, sacude la confianza ciudadana y coloca al sistema sanitario vasco en el centro de una investigación interna y judicial sin precedentes en los últimos tiempos.
El consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, fue quien destapó este nuevo alcance del problema al admitir públicamente que hay indicios de que se inyectaron dosis caducadas de la vacuna tetravalente a 49 personas y de la triple vírica a otras 29. Mientras tanto, Osakidetza asegura que está actuando “con total celeridad” y analizando cada caso de manera individualizada. Aunque el mensaje institucional pretende transmitir control, el impacto político y emocional del episodio ya comienza a ser evidente.
Esta noticia llega en un momento delicado, coincidiendo con la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Superior del País Vasco, que busca determinar si estos hechos podrían constituir un delito contra la salud pública. Aunque el Departamento de Salud informa que aún no ha sido contactado por el ministerio público, se muestra dispuesto a colaborar. La intervención de la Fiscalía eleva el caso a otra dimensión: ya no se trata solo de un error administrativo, sino de un posible fallo sistémico con serias consecuencias legales.
El escándalo se origina a partir de la administración de la vacuna hexavalente, que se suministra a bebés y algunos adultos cuando ya había superado su fecha de caducidad. Inicialmente se reportaron 253 afectados, cifra que luego se redujo a 103, y que podría quedar en menos de 30 personas que necesitarán revacunación tras detectar errores en las historias clínicas. Esta cadena de rectificaciones ha alimentado la percepción de improvisación y descontrol.
Investigación en marcha
La consejería insiste en que las vacunas caducadas no implican un riesgo directo para la salud, sino una posible pérdida de eficacia inmunizadora. Sin embargo, cuando se trata de bebés y enfermedades potencialmente graves, el margen de tranquilidad es limitado. La gestión del relato se convierte en un desafío casi tan complejo como la gestión sanitaria del problema.
La admisión de que podrían haberse administrado más vacunas caducadas no es un simple dato adicional: pone de manifiesto fallos estructurales en los sistemas de control y trazabilidad de Osakidetza. El propio consejero ha reconocido que se trata de una “situación desconocida”, lo que, lejos de tranquilizar, refuerza la sensación de incertidumbre. Para intentar esclarecer lo sucedido, el Departamento de Salud ha creado un comité específico de investigación y trazabilidad de vacunas, presidido por el médico preventivista David Cantero. Su misión será reconstruir los hechos, detectar responsabilidades y proponer medidas correctoras, con el ambicioso objetivo de “cero errores”. La pregunta que queda es si ese horizonte llega demasiado tarde.
Desde el Gobierno vasco se ha querido destacar la “serenidad” de las familias afectadas, muchas de las cuales ya han revacunado a sus bebés. Sin embargo, detrás de esta calma aparente se esconde una preocupación difícil de disipar. La apertura de diligencias por parte de la Fiscalía introduce una variable política inevitable. Si se confirma una negligencia grave, el debate ya no se limitará a protocolos o registros, sino que se extenderá a responsabilidades institucionales. En un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión pública, este caso amenaza con convertirse en un símbolo de advertencia sobre la calidad y fiabilidad de la sanidad en el País Vasco.
