La OCDE ha decidido modificar el impuesto mínimo global del 15% que afecta a las multinacionales, implementado en 2021, excluyendo a aquellas con sede en Estados Unidos. Este cambio representa un giro significativo en la fiscalidad internacional, ya que busca adaptarse a las demandas de Washington y sus políticas fiscales.
El impuesto mínimo fue concebido como un mecanismo para evitar que las grandes corporaciones trasladaran artificialmente sus beneficios a jurisdicciones con impuestos reducidos. Se estableció que aquellas multinacionales que generen más de 750 millones de euros anuales debían tributar al menos el 15% de sus beneficios, independientemente de su ubicación. La intención era crear un terreno de juego más equitativo, donde pymes y trabajadores tributan donde realmente operan.
La influencia de Estados Unidos en el acuerdo
Sin embargo, la reciente decisión de la OCDE de excluir a las multinacionales estadounidenses del gravamen internacional ha generado preocupaciones sobre la equidad del sistema. Este cambio se basa en la consideración de que el sistema fiscal estadounidense ya grava los beneficios obtenidos en el extranjero. Así, se aceptan normas nacionales que rompen con el principio de reglas comunes para todos.
Este movimiento no es casual. Estados Unidos, que alberga a muchas de las multinacionales más poderosas del mundo, ha mostrado reticencias desde el inicio del acuerdo. La administración de Donald Trump se opuso fuertemente, amenazando con represalias fiscales, lo que ha llevado a la OCDE a crear un marco que no se ajusta a la simetría inicial del acuerdo.
Desafíos para la equidad fiscal global
El debilitamiento del pilar dos, que es el corazón del impuesto mínimo, plantea un riesgo considerable. Las empresas de Europa y otros países deberán cumplir con regulaciones más estrictas que sus contrapartes estadounidenses, creando una ventaja competitiva desigual. Esto no solo pone en entredicho la justicia fiscal, sino que también refleja un desbalance en la gobernanza global.
La Unión Europea ya ha integrado este impuesto en su legislación, lo que plantea preguntas sobre su viabilidad. ¿Es razonable mantener una directiva que se presenta desfasada? ¿Cómo se comunica a la ciudadanía que los esfuerzos por una fiscalidad más justa se ven obstaculizados por excepciones dictadas por las naciones más poderosas?
Aunque el impuesto mínimo global sigue siendo una herramienta valiosa, su credibilidad se ve amenazada por la falta de coherencia. La solución no radica en abandonar la iniciativa, sino en reforzar la cooperación internacional y exigir reglas claras y equitativas. La justicia fiscal, al igual que la confianza, se construye sobre principios sólidos y universales, aplicables a todos por igual.
