La Fiscalía de Asturias ha iniciado una investigación para determinar si Aucalsa, la empresa concesionaria de la autopista AP-66, ha abusado de los conductores al cobrar peajes en momentos de congestión. Esta acción se produce tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que sentó jurisprudencia al considerar que Audasa, concesionaria de la AP-9 en Galicia, había realizado prácticas abusivas al cobrar tarifas plenas durante obras que generaban atascos.
El 15 de octubre de 2023, el abogado Ripa, apoyado por sus asesores legales, presentó una solicitud a la Fiscalía General del Estado para que esta nueva doctrina del Supremo se aplicara también a la AP-66. En respuesta, la Fiscalía Provincial de León inició diligencias preprocesales civiles, aunque decidió trasladar el caso a la Fiscalía de Asturias, argumentando que Aucalsa tiene su sede en el polígono de Asipo.
Posible devolución de peajes
Ripa confía en que la Fiscalía de Asturias logre obligar a Aucalsa a devolver a los usuarios los importes cobrados durante el periodo de obras. «Este sería el primer paso hacia la eliminación del peaje», afirmó, criticando la postura del ministro Óscar Puente como «irresponsable» e «insultante» para los asturianos. Este abogado, que actualmente se desempeña como profesor, está respaldado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), que también ha denunciado la situación.
La UPL ha anunciado su intención de presentar una denuncia ante el Principado de Asturias en un plazo de dos semanas, acusando a Aucalsa de cobrar tarifas a sabiendas de que los conductores se enfrentarían a atascos o a limitaciones de velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. De llevarse a cabo esta acción, se demandará una sanción «ejemplar» por infracción grave, que podría ascender a más de 100 000 euros, dependiendo de los beneficios de la concesionaria.
Reacciones de los usuarios
El presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, ha solicitado al Principado que «ponga todo de su parte» para abordar esta cuestión. Recordó que la práctica de Aucalsa ya había sido sancionada por el Tribunal Supremo como abusiva, dado que los conductores no están disfrutando plenamente del servicio por el que están pagando.
Desde la UCE-Asturias se ha iniciado un registro para documentar a los conductores que hayan sufrido situaciones similares en la AP-66, con el objetivo de presentar reclamaciones. Hasta el momento, han registrado a 3 000 usuarios, lo que refleja el descontento generalizado en Asturias sobre esta problemática. «Esto demuestra el enorme cabreo que hay en Asturias con esta cuestión», concluyó Alonso.
