La Fiscalía Superior del País Vasco ha iniciado una investigación sobre la administración de vacunas caducadas por parte del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Según han confirmado fuentes de la Fiscalía, esta indagación busca determinar si se ha cometido un delito contra la salud pública tras el reconocimiento de Osakidetza de haber administrado un total de 262 dosis de vacunas caducadas a 253 personas, de las cuales la gran mayoría son bebés.
Contexto de la investigación
La situación ha generado preocupación entre la ciudadanía, especialmente entre los padres de los menores afectados. La Fiscalía ha señalado que su labor se centrará en esclarecer los hechos y evaluar si se han violado normativas sanitarias. La administración de estas vacunas caducadas se ha calificado como un grave error por parte del Servicio Vasco de Salud, que ha asegurado que se están tomando las medidas necesarias para evitar que incidentes similares ocurran en el futuro.
Reacciones y medidas adoptadas
Tras el anuncio de la investigación, varios grupos de padres y organizaciones de salud han expresado su preocupación y han demandado mayor transparencia en el proceso de vacunación. Asimismo, se han solicitado explicaciones públicas sobre cómo se gestionó el stock de vacunas y qué protocolos fallaron para permitir que se administrasen dosis caducadas. Osakidetza ha indicado que cooperará plenamente con la Fiscalía y que revisará sus procedimientos internos para garantizar la seguridad de los pacientes.
La comunidad médica también ha alzado la voz ante esta situación, subrayando la importancia de la vigilancia y el control en la administración de vacunas, especialmente en poblaciones vulnerables como la de los bebés. La Fiscalía espera obtener resultados de la investigación en un plazo razonable para poder tomar las medidas correctivas necesarias y asegurar la confianza de la población en el sistema de salud.
