Israel ha implementado una suspensión de licencias que afecta a 37 organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales en la Franja de Gaza, obligándolas a cesar sus actividades antes del 1 de marzo de 2024. Esta decisión se produce tras el incumplimiento de los nuevos requisitos de registro, según han indicado las autoridades israelíes. La medida busca, según su justificación, prevenir que elementos terroristas aprovechen el marco de la ayuda humanitaria.
Más de 20 organizaciones sí completaron el proceso de registro requerido antes del 31 de diciembre, pero las 37 ONG afectadas, entre las que se encuentran Médicos Sin Fronteras (MSF), el Comité Internacional de Rescate y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), consideran que la nueva fórmula de inscripción es «peligrosa y arbitraria». Estas organizaciones han advertido sobre las consecuencias «catastróficas» que podría acarrear su salida del ya devastado enclave palestino.
Impacto en la asistencia humanitaria
El anuncio de la suspensión coincide con la tensa espera por la segunda fase de la tregua que se inició en octubre, un proceso que, según el plan del presidente estadounidense Donald Trump, incluye el desarme de Hamas y la reconstrucción de Gaza. Oren Marmorstein, portavoz de Exteriores israelí, defendió la medida afirmando que el objetivo del registro es «salvaguardar la integridad de la actividad humanitaria». Aseguró que la inscripción sigue abierta y que las ONG aún pueden presentar sus solicitudes.
El gobierno israelí ha señalado que 23 ONG internacionales, incluidas organizaciones de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia, han sido aprobadas y están operando en Gaza, lo que, según ellos, garantiza que «la asistencia humanitaria continúa sin interrupciones». Sin embargo, las ONG afectadas han subrayado que gestionan aspectos fundamentales, como la mayoría de los hospitales de campo y centros de estabilización nutricional para niños con desnutrición aguda.
Claire San Filippo, coordinadora de emergencias de MSF para Gaza, afirmó que «el sistema de salud palestino está destruido» y que la población tiene dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. «Lo que necesita la población gazatí es más ayudas, no menos. Si MSF y otras ONG internacionales pierden el acceso, cientos de miles de palestinos quedarían privados de atención esencial», alertó.
Críticas y preocupaciones por la transparencia
La situación se complica aún más, ya que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y de Lucha contra el Antisemitismo, ahora encargado de las licencias, ha ampliado en tres meses el plazo de entrega de documentación. Han afirmado que «investigaciones de seguridad» han determinado que empleados de ciertas organizaciones estaban directamente involucrados en actividades terroristas. En el caso de MSF, el ministro Amichai Chikli mencionó que solicitaron la lista de empleados palestinos tras identificar a un operativo de Yihad Islámica como empleado de la organización.
Desde MSF, San Filippo respondió que «nunca contrataríamos a sabiendas a personas que participan en actividades militares» y advirtió que hacer tales afirmaciones sin pruebas pone en riesgo al personal humanitario, así como el trabajo médico crítico que se realiza en la región. Las ONG afectadas han expresado su preocupación por la seguridad de sus empleados palestinos en medio de esta nueva normativa.
La ONU ha criticado igualmente los nuevos requisitos, considerándolos «arbitrarios y altamente politizados». El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó la decisión de Israel como «espantosa» y la enmarcó en un patrón más amplio de restricciones ilegales al acceso humanitario, denunciando que «este tipo de suspensiones arbitrarias agrava aún más una situación que ya es intolerable para la población de Gaza».
Chikli, por su parte, defendió la medida, indicando que «la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios para el terrorismo no lo es». Esta decisión ha suscitado críticas no solo a nivel internacional, sino también entre organizaciones israelíes de derechos humanos, que han condenado la decisión de Israel de cancelar el registro de organizaciones humanitarias que operan en el territorio palestino ocupado.
El grupo islamista Hamas y la Autoridad Palestina han condenado la medida, que también afecta a Cisjordania, resaltando la urgencia de la situación humanitaria en la región. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, que podrían tener un impacto significativo en la ya crítica situación de los habitantes de Gaza.
