El año 2025 se ha señalado como un momento de transformación profunda en el ámbito educativo en Perú, marcado por inversiones históricas y reformas estructurales. A pesar de estos avances, el sistema educativo aún enfrenta desafíos críticos, incluyendo brechas sociales, problemas de infraestructura y violencia escolar, que deben ser abordados urgentemente para alcanzar una educación de calidad e inclusiva de cara al 2026.
El Ministerio de Educación (Minedu) ha implementado una serie de iniciativas que han permitido la modernización del sistema educativo, incluyendo la expansión de las Escuelas Bicentenario, la revalorización docente y el acceso creciente a la tecnología. Sin embargo, la violencia en las escuelas y la desconexión entre la educación y el empleo juvenil continúan siendo retos significativos.
En cuanto a la infraestructura, el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario ha sido fundamental, con la entrega de 34 nuevas escuelas en todo el país y 17 más proyectadas para 2026. Este proyecto beneficiará a más de 140.000 estudiantes y 5.100 docentes en Lima y diversas regiones, lo que representa un avance hacia un sistema educativo más moderno y accesible.
Además, la política de gestión Gobierno a Gobierno, que involucra la colaboración con el Reino Unido y la asistencia técnica de Finlandia, ha mejorado los estándares de transparencia y eficiencia en la educación. Las nuevas instituciones educativas cuentan con laboratorios de ciencia y tecnología, talleres de arte y aulas inteligentes, diseñadas para fomentar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje.
Un cambio relevante en el marco curricular es la introducción de un título de técnico auxiliar para los egresados de la Educación Básica Regular, lo que busca preparar a los jóvenes para el empleo y el emprendimiento. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por conectar la educación con las demandas del mercado laboral actual.
No obstante, la violencia escolar sigue siendo una preocupación urgente, especialmente en regiones rurales. Un informe de Young Lives indica que, hasta marzo de 2025, más de 600 denuncias de delitos sexuales fueron registradas en la provincia de Condorcanqui, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la protección de los estudiantes y mejorar la respuesta de las autoridades ante estos casos.
Las cifras reflejan que el acceso y la culminación de la educación secundaria han mejorado, con un 90% de jóvenes de la cohorte más reciente completando la secundaria a los 22 años. Sin embargo, solo el 82% finaliza en la edad normativa (17-18 años), lo que indica que aún hay un camino por recorrer en términos de retención y reinserción escolar.
Por otro lado, la matrícula universitaria ha visto un aumento, con el 35% de la generación más joven accediendo a la universidad, un incremento notable respecto al 27% en 2016. Además, la participación femenina en carreras STEM ha crecido del 11% al 25%, lo que demuestra un avance hacia una mayor inclusión en campos de estudio clave para el futuro.
Sin embargo, las brechas socioeconómicas y territoriales continúan siendo un obstáculo. Según el mismo estudio de Young Lives, solo el 20% de los jóvenes cuyos padres tienen estudios primarios accede a la educación superior, en comparación con el 83% de aquellos que provienen de familias con estudios universitarios. Este dato subraya la urgencia de implementar programas de intervención temprana y apoyo a comunidades vulnerables.
Además, el acceso a bibliotecas escolares es preocupante: apenas el 8% de las escuelas públicas y menos del 1% de las privadas cuentan con este recurso, lo que limita las oportunidades de aprendizaje autónomo. La brecha digital también es un tema candente, ya que, aunque el 90% de los jóvenes reporta acceso a internet, la diferencia en el uso de computadoras entre hogares ricos y pobres es de 26 puntos porcentuales.
En el ámbito laboral, Perú enfrenta una desconexión alarmante entre la educación y las oportunidades de empleo. Según la OCDE, el país ocupa el quinto lugar mundial en la proporción de jóvenes que ni estudian ni trabajan, un 21%. Esto indica la necesidad crítica de alinear los programas educativos con las necesidades del mercado laboral.
Finalmente, la gobernabilidad del sistema educativo se ve amenazada por tensiones institucionales, particularmente en el conflicto entre universidades públicas y el Ejecutivo por el control de la SUNEDU. La incertidumbre sobre la calidad de la educación superior es un asunto que merece atención, ya que la autonomía institucional es fundamental para garantizar un sistema educativo eficaz y equitativo.
El futuro del sistema educativo peruano dependerá de su capacidad para mantener y profundizar las reformas implementadas, cerrar brechas y asegurar una educación de calidad a largo plazo. La digitalización y la formación técnica son ejes centrales que deben seguir desarrollándose para garantizar que todos los jóvenes tengan oportunidades reales de desarrollo y contribuyan a un país más justo y competitivo.
