El accidente ferroviario ocurrido en Ademuz (Córdoba) ha dejado una profunda huella en la comunidad, con un balance trágico de 43 fallecidos. Hasta el momento, se han completado 42 identificaciones, lo que refleja el trabajo metódico y riguroso de los médicos forenses en situaciones de emergencia.
A raíz de este suceso, se activa un exhaustivo protocolo nacional regulado por el decreto 32/2009, el cual establece un marco de actuación para coordinar la intervención de los institutos de medicina legal y los cuerpos de seguridad del Estado. Este procedimiento tiene como objetivo garantizar una identificación rápida y precisa de las víctimas, así como determinar las causas de sus muertes.
Protocolo de identificación de víctimas
El citado decreto establece que la finalidad es “regular la asistencia técnica a los jueces y tribunales para la identificación de los cadáveres y determinación de las causas y circunstancias de la muerte”. En este proceso participan varias entidades, incluyendo los ministerios de Justicia y Interior, la Policía Nacional, la Guardia Civil y las comunidades autónomas afectadas.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto en funcionamiento el Centro de Integración de Datos (CID), encargado de recopilar y supervisar los informes de identificación de víctimas antes de ser enviados a la autoridad judicial competente, en este caso, el juzgado de Montoro (Córdoba). Este órgano busca proporcionar información lo más pronto posible a las familias de las víctimas.
La Guardia Civil también ha establecido un centro de asistencia a las víctimas en la Comandancia de Córdoba, donde los familiares pueden acudir para obtener información y aportar datos necesarios para la identificación. Asimismo, se han habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN en distintas ciudades, incluyendo Madrid, Sevilla y Málaga.
El proceso forense en detalle
La labor de un médico forense es fundamental en estos casos. La anatomía forense combina conocimientos anatómicos con la investigación criminal para identificar a las víctimas y determinar la causa de la muerte. Este proceso se inicia con la recogida de datos y muestras en el lugar del siniestro, donde se registran características morfológicas, vestimenta y objetos personales de los fallecidos.
Paralelamente, se habilitan oficinas “antemortem” para que los familiares aporten información crítica, como documentos de identidad, fotografías recientes y detalles sobre características físicas, como tatuajes o cicatrices. También se recogen muestras biológicas de los allegados para comparaciones genéticas.
Una vez recogidos los datos, los laboratorios de criminalística realizan análisis de huellas dactilares, perfiles de ADN y odontogramas. En casos de cuerpos deteriorados, las pruebas de ADN se convierten en el método más preciso para la identificación. Los forenses llevan a cabo autopsias y estudios radiológicos, dactilares y toxicológicos, todo con el objetivo de validar la identidad y determinar las causas del fallecimiento.
Cada coincidencia genética o dactilar se comunica al Centro Integrado de Datos, que valida la identificación y autoriza la entrega de los restos a las familias. A lo largo de este proceso, resulta esencial la coordinación entre los diferentes organismos y la comunicación con las familias, donde los médicos forenses trabajan en conjunto con psicólogos y trabajadores sociales.
Además de su función judicial, los médicos forenses desempeñan un papel humanitario al proporcionar a las familias la certeza sobre la identidad de sus seres queridos, facilitando así la entrega de los cuerpos. Este trabajo, aunque a menudo técnico y judicial, tiene un profundo impacto emocional en las vidas de aquellos que han sufrido pérdidas irreparables.
