La Audiencia Nacional ha tomado la decisión de suspender cautelarmente la orden emitida por el Ministerio de Sanidad que autorizaba a las enfermeras a prescribir medicamentos para tratar las infecciones de orina no complicadas, específicamente cistitis, en mujeres mayores de 14 años. Esta medida se deriva de un recurso presentado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, que impugnó la resolución de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud de agosto de 2024.
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha considerado necesario revisar esta regulación, que había generado un amplio debate en el ámbito sanitario. La medida, que pretendía aliviar la carga sobre los médicos y mejorar el acceso al tratamiento para las pacientes, ha sido cuestionada por la profesión médica, que asegura que la prescripción de medicamentos debe permanecer en manos de los médicos para garantizar la seguridad y eficacia del tratamiento.
En el contexto de esta suspensión, es relevante destacar que, según datos del Ministerio de Sanidad, España enfrenta una escasez significativa de personal sanitario. Se estima que el país necesita al menos 100.000 enfermeras adicionales para alcanzar estándares adecuados de atención. Esta falta de profesionales se ha evidenciado en comunidades como Baleares, que presenta una de las tasas más bajas de médicos por cada 1.000 habitantes, con solo 5,71 en 2024.
Además, la situación se ha visto agravada por el éxodo de enfermeras, siendo 30 las que han abandonado Baleares durante este año en busca de mejores oportunidades laborales en otras comunidades. Este fenómeno pone de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas que no solo atraigan a nuevos profesionales al sector, sino que también garanticen condiciones laborales que fomenten su permanencia en el sistema.
La decisión de la Audiencia Nacional podría tener un impacto significativo en la atención a la salud de las mujeres, ya que la cistitis es una de las infecciones más comunes en la población femenina. La regulación anterior pretendía facilitar el acceso a tratamientos sin necesidad de una visita médica, lo que podría haber aliviado la presión sobre los servicios de salud.
En conclusión, la suspensión de la orden que permitía a las enfermeras prescribir tratamientos para la cistitis pone de relieve la complejidad de la gestión sanitaria en España, donde la falta de personal y las tensiones entre los distintos profesionales de la salud continúan siendo un desafío a abordar.
