El Gobierno ha decidido aplazar la aprobación del anteproyecto de ley contra la violencia vicaria, que no se llevará a cabo el próximo martes como se había previsto inicialmente por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Fuentes cercanas a las negociaciones entre los ministerios de Igualdad, Justicia e Infancia han indicado que los desacuerdos internos han llevado al Ejecutivo a ampliar el margen de discusión.
Este aplazamiento es consecuencia de las tensiones surgidas entre el Ministerio de Juventud, que está bajo la gestión de Sumar, y el Ministerio de Justicia, dirigido por el PSOE. El Ministerio de Juventud, encabezado por Sira Rego, ha anunciado su decisión de «desmarcarse» del anteproyecto tras la negativa de Félix Bolaños a considerar sus observaciones, las cuales provienen de las demandas de una parte del movimiento feminista.
Los representantes de Juventud han expresado su preocupación, afirmando que las propuestas de Justicia podrían poner en peligro la protección de las víctimas y dejar a las madres que denuncian violencia en una «situación de inseguridad jurídica». En este sentido, han solicitado tres cambios fundamentales en el texto de la ley.
Primero, piden modificar la definición de violencia vicaria, que en el borrador original se define como «aquella destinada a causar dolor o sufrimiento a las mujeres», a través de sus hijos o familiares, pero que ahora incluye un añadido que permite interpretarla desde un «cónyuge a otro». Este cambio, según las feministas, diluye la esencia de la violencia vicaria centrada en la violencia de género y podría poner en riesgo a las madres denunciantes.
En segundo lugar, el Ministerio de Infancia considera inaceptable que la nueva normativa no prohíba de manera absoluta que el agresor mantenga contacto con los hijos tras ser denunciado, limitándose a obligar a los jueces a reforzar su fundamentación en caso de mantener esa relación paternal, a pesar de la denuncia por violencia.
Por último, Infancia demanda que todos los menores sean escuchados en todos los procesos que les afecten, independientemente de su edad, dado que la legislación actual solo contempla esta posibilidad a partir de los 12 años.
Desde el Ministerio de Igualdad se ha indicado que se «negociará lo necesario» para lograr un texto que cuente con el consenso de todas las partes. Por su parte, desde Justicia se ha afirmado que se está trabajando en una redacción que ofrezca la máxima protección y seguridad jurídica a las víctimas, ya sean madres o menores.
La complejidad de esta nueva normativa radica en que se trata de un marco legal inédito en Europa en lo que respecta a la violencia vicaria, y el movimiento feminista busca abordar de manera definitiva este problema. Sin embargo, el papel del Ministerio de Justicia es crucial para garantizar la seguridad jurídica de las leyes y evitar que sean impugnadas ante el Tribunal Constitucional u otras instancias.
