La reciente intervención estadounidense en Venezuela ha llevado a España a adoptar una postura singular dentro del bloque occidental. En contraste con la cautela mostrada por buena parte de la Unión Europea, el Gobierno de Pedro Sánchez ha elevado su tono contra la operación impulsada por Washington, denunciando la violación del derecho internacional y advirtiendo sobre el riesgo de una apropiación externa de los recursos venezolanos.
No se trata de un episodio aislado, sino del último capítulo de una relación cada vez más tensa entre La Moncloa y la Casa Blanca desde el regreso de Donald Trump al poder. En menos de un año, España ha acumulado desencuentros con Estados Unidos sobre cuestiones clave en la agenda del presidente republicano, adoptando posiciones que sobrepasan la ortodoxia atlántica y consolidan su imagen como referente progresista en un contexto internacional dominado por liderazgos conservadores y autoritarios.
Desacuerdos desde el inicio de la administración Trump
El primer aviso surgió pocos días después de la toma de posesión de Trump. Durante el Foro de Davos, Sánchez criticó a las grandes plataformas tecnológicas y sus propietarios, pidiendo una regulación más estricta de las redes sociales. Este discurso, que apuntaba a figuras centrales del ecosistema trumpista como Elon Musk y Peter Thiel, provocó una reacción en Washington, donde el mensaje no pasó desapercibido.
El siguiente choque se trasladó al ámbito comercial. La imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos generó una respuesta inusualmente dura del Gobierno español, con Sánchez hablando abiertamente de “guerra comercial” y cuestionando la política fiscal estadounidense. La tensión aumentó aún más con su viaje a China, que la Administración Trump interpretó como una provocación estratégica, mientras que el presidente español defendió a Pekín como socio de la Unión Europea.
Fricciones en defensa y Oriente Medio
La fricción alcanzó un punto crítico en el ámbito de la defensa. Antes de la cumbre de la OTAN, España pactó una fórmula de flexibilidad que la eximía de alcanzar el 5% del PIB en gasto militar, un requisito que Trump había convertido en bandera. Aunque el acuerdo fue formalmente aceptado por todos los aliados, el trato específico concedido a Madrid irritó al presidente estadounidense, quien llegó a insinuar represalias económicas.
Otro foco de tensión ha sido el conflicto en Oriente Medio. Tras el recrudecimiento de la ofensiva israelí en Gaza, el Gobierno español se situó en la vanguardia de la presión internacional contra Israel, un aliado estratégico de Estados Unidos. Sánchez no dudó en calificar la situación de “genocidio” y aprobó medidas como el embargo de armas, lo que provocó una respuesta airada del Departamento de Estado.
En este contexto, la reacción española a la operación en Venezuela se alinea con una postura ya consolidada. El Gobierno no solo rechazó la intervención militar estadounidense, sino que la calificó de un precedente peligroso y se alineó con otros países latinoamericanos gobernados por fuerzas progresistas. La crítica se centró más en la ilegalidad de la acción que en la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro, un matiz que refuerza el perfil jurídico y multilateral de la posición española, aumentando el contraste con Washington.
Analistas coinciden en que ninguno de estos episodios, por sí solo, bastaría para deteriorar gravemente la relación bilateral. Sin embargo, la acumulación de conflictos dibuja un escenario de desconfianza creciente. Para algunos expertos, el mayor punto de fricción sigue siendo el gasto en defensa y la OTAN; para otros, pesa tanto la estrategia internacional como el cálculo político interno de Sánchez, quien ve en el enfrentamiento con Trump una oportunidad para consolidar su liderazgo en el espacio progresista global.
Lo cierto es que, en apenas un año, España ha pasado de socio discreto a actor incómodo para la Casa Blanca. En un tablero internacional cada vez más polarizado, Sánchez ha elegido salirse del guion marcado por Trump, asumiendo el coste diplomático de una política exterior que prioriza el multilateralismo, la autonomía estratégica y la confrontación ideológica con el trumpismo. El desenlace de esta partida, aún abierta, dependerá de hasta dónde esté dispuesto a llegar Washington para castigar la disidencia y de cuánto esté dispuesto Madrid a sostenerla.
