La situación del mercado de la vivienda en Cataluña ha generado un intenso debate sobre la capacidad de la Administración para intervenir de forma efectiva. Según el análisis de Jordi Esparza-Gijón, se sostiene que la afirmación de que «no se puede» construir vivienda pública de manera rápida y económica es completamente errónea. Esparza-Gijón argumenta que la Generalitat tiene la facultad legal de crear una empresa pública dedicada a la construcción y rehabilitación de viviendas, lo que permitiría abordar la crisis habitacional de manera efectiva.
Esta propuesta implicaría seleccionar a los trabajadores a través de procesos públicos, garantizando condiciones laborales estables. De esta forma, se podría construir vivienda pública a precio de coste, eliminando así los sobrebeneficios y las comisiones encubiertas que a menudo se asocian con el sector privado. Además, esta empresa pública tendría la capacidad de rehabilitar masivamente viviendas vacías, contribuyendo a revitalizar barrios y ofrecer opciones de alojamiento asequibles.
La necesidad de intervención pública
La idea de que «el mercado se regula solo» ha llevado a una aceptación implícita de que los fondos de inversión decidan quién puede acceder a una vivienda y quién no. Esto ha llevado a una creciente crisis de acceso a la vivienda, donde muchas personas se ven excluidas del mercado. Esparza-Gijón enfatiza que, cuando el mercado falla, la intervención pública no debe considerarse como una opción ideológica, sino como una obligación democrática que busca garantizar el derecho a la vivienda.
La vivienda no debe ser tratada como un simple negocio financiero; es un derecho fundamental que debe ser protegido. La creación de una entidad pública para gestionar la construcción y rehabilitación de viviendas podría ser un paso decisivo hacia la corrección de las desigualdades en el acceso a la vivienda en Cataluña. La combinación de un enfoque público y la eliminación de intermediarios puede transformar la manera en que se aborda esta problemática, asegurando que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos.
Implicaciones para el futuro
La propuesta de Esparza-Gijón plantea un cambio significativo en la forma en que se concibe la política de vivienda en la región. Este enfoque no solo podría aliviar la presión sobre el mercado de la vivienda, sino que también podría servir como un modelo a seguir para otras comunidades en España. La intervención pública en la vivienda no es solo una cuestión de política económica, sino un imperativo social que busca garantizar el bienestar de los ciudadanos.
En conclusión, la creación de una empresa pública de construcción y rehabilitación de vivienda se presenta como una solución viable y necesaria para enfrentar la crisis habitacional en Cataluña. Es hora de que las autoridades reconozcan su papel en la regulación del acceso a la vivienda y actúen en consecuencia.
