El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su preocupación por las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en noviembre, afirmando que «no deberíamos tener elecciones». Este comentario surge en un contexto de creciente temor ante la posibilidad de que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes y, potencialmente, del Senado. Las encuestas apuntan a que los demócratas tienen serias posibilidades de obtener una victoria, lo que podría resultar en un gobierno dividido y, en consecuencia, en investigaciones sobre la gestión de Trump, incluso un posible tercer impeachment.
El historiador Kevin Kruse ha señalado que estas elecciones podrían ser un «severo correctivo» para el presidente. Según él, los votantes están dispuestos a castigar la gestión de Trump, que cuenta con un índice de aprobación del 40% en temas económicos. La estrategia demócrata se centra en el descontento generalizado respecto a la dirección de la economía, lo que representa un desafío significativo para Trump.
Además de sus comentarios sobre las elecciones, Trump ha comenzado a implementar tácticas sin precedentes. Ha propuesto rediseñar distritos electorales para favorecer a los republicanos, una medida que ha llevado a una intervención judicial y que podría tener implicaciones antes de noviembre. También ha revitalizado campañas contra el voto por correo y las máquinas de votación, acciones que ya había puesto en marcha durante su primera presidencia.
La situación se complica por la presencia de «negacionistas» electorales en su administración, quienes sostienen la teoría de que hubo fraude en las elecciones de 2020. Aunque la organización de las elecciones recae en los estados, altos funcionarios en departamentos como Justicia y Seguridad Nacional tienen la capacidad de influir en el proceso electoral.
Otra estrategia preocupante implica la solicitud de información privada de millones de votantes en 43 estados, algo que, según el Centro Brennan de Justicia, el gobierno federal no puede hacer sin autorización del Congreso. A pesar de ello, ocho estados ya han facilitado dicha información, mientras que 23 han sido demandados por negarse a hacerlo.
En un contexto de creciente tensión, Trump también ha insinuado la posibilidad de desplegar tropas, ya sean militares en activo o miembros de la Guardia Nacional, para influir en el proceso electoral. Aunque la ley federal prohíbe el uso de tropas en centros de votación, la amenaza de invocar la Ley de Insurrección ante la situación en Mineápolis ha despertado temores sobre un posible uso coercitivo del poder ejecutivo.
La politóloga Rachel Bitecofer ha advertido que las elecciones de este año serán electoralmente favorables para los demócratas, similar a lo que ocurrió en 2018. Su análisis sugiere que el rechazo hacia Trump podría ser aún más intenso, dada la consolidación autoritaria y la violencia estatal observadas en los últimos tiempos. Sin embargo, también alerta que esta expectativa es «peligrosa», ya que los líderes autoritarios suelen volverse más desesperados y peligrosos cuando enfrentan derrotas en las urnas.
En el ámbito político, hay inquietudes sobre la voluntad de Trump de llevar su estrategia más allá de los límites establecidos. Personalidades como Steve Bannon han expresado la posibilidad de que agentes de ICE patrullen centros de votación. Además, Cleta Michell, aliada de Trump, ha sugerido que el presidente podría intentar hacer cambios electorales declarando una emergencia nacional, una táctica que podría tener graves consecuencias para el sistema democrático.
La situación actual plantea un escenario complejo y tenso de cara a las elecciones de noviembre, donde la incertidumbre y el temor a una mayor polarización son evidentes. La administración de Trump ha iniciado una ofensiva que desafía no solo las normas electorales, sino también el respeto por la democracia en Estados Unidos.
