La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves una ley de amnistía que busca liberar a presos políticos condenados en el contexto de crisis política entre 2002 y 2025. Sin embargo, esta normativa presenta importantes exclusiones, ya que deja fuera a aquellas personas que promovieron o participaron en acciones armadas contra el país.
Según lo establecido en el artículo 9 de la ley, no se aplicará la amnistía a los delitos relacionados con violaciones graves a los derechos humanos, homicidio intencional, lesiones gravísimas, tráfico de drogas y corrupción. La ley también excluye a aquellos que puedan ser procesados por «promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza» contra la soberanía e integridad territorial de Venezuela.
La amnistía se aplicará a hechos ocurridos en diversos episodios de crisis política, como el golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002, el paro petrolero de finales de ese año y principios de 2003, así como las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. Se ha designado una comisión especial que desarrollará mecanismos para asegurar el cumplimiento de esta ley, que ya fue enviada a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para su firma y publicación en la Gaceta Oficial.
Este paso se enmarca en lo que Rodríguez ha denominado un «nuevo momento político», tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un ataque militar de Estados Unidos el 3 de enero. La ONG Foro Penal reporta que hay actualmente 644 presos políticos en el país, después de más de 400 excarcelaciones en un proceso que comenzó el 8 de enero por parte del Gobierno encargado.
