El Ayuntamiento de Toledo ha puesto en marcha la nueva Ordenanza Reguladora de Obras en Dominio Público, conocida como «Zanja Única», presentada por la concejal de Obras y Servicios, Loreto Molina. Esta normativa tiene como propósito agilizar las obras, disminuir las molestias a los vecinos y proteger el patrimonio urbano.
La nueva regulación introduce un cambio significativo respecto al modelo anterior, que solo permitía la intervención a través de un único contrato con una sola empresa. Ahora, los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir entre varias compañías acreditadas, lo que fomenta la competencia y mejora la eficiencia en las obras.
Según comentó Molina, la intención es «regular de manera diferente las actuaciones que se llevan a cabo en la vía pública», abarcando desde canalizaciones hasta la creación de rampas de accesibilidad, así como intervenciones urgentes por averías. Un aspecto clave de esta ordenanza es la ejecución simultánea de servicios, lo que implica que, al abrir una vía pública, se coordinarán todas las intervenciones necesarias para evitar aperturas sucesivas, minimizando así el impacto sobre los vecinos, el tráfico y la actividad comercial.
Toledo, reconocida como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, presenta una complejidad urbanística y patrimonial considerable, con diversas empresas de servicios operando en su subsuelo. La normativa busca reforzar la coordinación y control sobre el suelo, subsuelo y vuelo del dominio público. Las actuaciones que se regularán incluyen calas de menos de 10 metros, zanjas a cielo abierto y canalizaciones mayores a 10 metros, entre otras.
La nueva ordenanza también establece requisitos rigurosos para las empresas que deseen operar en el dominio público, incluyendo la necesidad de contar con personal técnico cualificado, maquinaria específica y una garantía inicial de 20.000 euros. Durante la ejecución de las obras, deberán asegurar la señalización y vallado reglamentario, proteger el arbolado y mobiliario urbano, y garantizar un paso peatonal mínimo de 1,50 metros. En áreas protegidas, será obligatoria la supervisión arqueológica.
En cuanto a la reposición del pavimento, se deberá realizar utilizando materiales idénticos a los existentes, con una garantía mínima de dos años. Si el daño en la acera excede el 50%, se requerirá la renovación completa del tramo para garantizar uniformidad y calidad.
La normativa también incluye un régimen sancionador que contempla un sistema de inspección. Las infracciones leves podrán ser multadas con hasta 1.000 euros, mientras que las graves podrían alcanzar hasta el 10% del presupuesto total de la obra, además de la posible ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento y la pérdida de homologación de la empresa infractora.
En otro orden de cosas, la concejal Loreto Molina informó sobre las actuaciones realizadas tras las intensas lluvias que han causado daños en las calles y calzadas de la ciudad. Se han contabilizado numerosos baches, con intervenciones priorizadas en las zonas de mayor tránsito o riesgo para la circulación. La área de Obras está utilizando soluciones provisionales hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan para aplicar materiales más duraderos.
Además, se ha activado un Plan de Emergencias que incluye el cierre preventivo de parques y jardines, así como la tala de árboles inestables en riesgo de caída.
Finalmente, se ha iniciado la segunda fase de las obras de renovación urbana en el entorno del Paseo de la Vega, que se espera finalice en junio. También se ha programado un corte de suministro eléctrico en el Casco Histórico durante la madrugada del viernes al sábado, afectando a varias calles, para llevar a cabo trabajos de mantenimiento de la red.
