La Generalitat ha asistido a una reunión en Madrid con directores generales y responsables autonómicos en materia de costas, con el objetivo de establecer una postura unificada ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas.
En este encuentro, la Generalitat ha unido fuerzas con otras comunidades autónomas para solicitar la reactivación de obras de regeneración que llevan años pendientes, como las de Almassora, las cuales son fundamentales para detener los deslindes, incluyendo el de Xilxes.
El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha destacado el «compromiso común» entre las comunidades costeras, instando a una «mayor coordinación institucional». Además, ha señalado que «el Ministerio no puede realizar una reforma del reglamento de Costas sin la participación de las comunidades autónomas».
La mayoría de las comunidades autónomas presentes han solicitado una convocatoria urgente para tratar estos temas, así como la ejecución de las obras pendientes y la paralización de los deslindes que afectan a sus costas. García Manzana también ha mencionado que «el Ministerio está actuando con opacidad», subrayando que «no se puede modificar la normativa de costas sin la colaboración de quienes gestionan el territorio».
En este sentido, ha enfatizado la unidad y la acción conjunta de las comunidades autónomas: «El Ministerio busca aplicar la estrategia de «divide y vencerás», pero esta reunión demuestra que las comunidades autónomas estamos unidas ante el silencio del Gobierno».
Este encuentro se enmarca en la continuidad de la reunión previa celebrada en Valencia, donde seis comunidades autónomas costeras, representando el 80% de la costa española, firmaron un manifiesto en defensa de una gobernanza costera coordinada, sostenible y eficiente.
En el contexto de este frente común, la Generalitat ha resaltado los principios de la nueva Ley de la Costa Valenciana, diseñada para proporcionar un marco normativo estable y coherente que responda a las necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas del litoral valenciano. Asimismo, ha solicitado al Gobierno que inicie el traspaso de competencias pendientes.
La nueva normativa incluye un sistema actualizado de ordenación del litoral, con instrumentos de planificación generales y específicos, así como un modelo de catalogación de playas que define actividades compatibles según el nivel de urbanización. También establece una clasificación del territorio litoral en tres áreas: protección ambiental, mejora ambiental y paisajística, y reordenación urbana con su correspondiente régimen de usos.
Adicionalmente, se incorpora un sistema de inspección y disciplina orientado a asegurar el equilibrio entre conservación y usos humanos, junto a mecanismos de gestión adicionales como el inventario de terrenos degradados y la creación de bolsas de suelo para la reordenación.
Finalmente, el director general ha subrayado la necesidad de que el Gobierno central transfiera a la Comunitat Valenciana la gestión del dominio público marítimo-terrestre, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la disposición transitoria tercera de la nueva Ley de la Costa, así como la convocatoria de la comisión mixta de transferencias, tal como se ha realizado con otras comunidades. Este proceso permitiría a la Generalitat asumir completamente las competencias en la ordenación y gestión del litoral, reforzando la coherencia entre la planificación territorial, la protección ambiental y las acciones administrativas.
