Tras el descubrimiento de que el Gobierno de Pedro Sánchez había sido víctima de espionaje mediante el software Pegasus, se desató una ola de histeria y paranoia en Moncloa. Según fuentes de inteligencia consultadas, las revisiones de seguridad realizadas en los dispositivos móviles de asesores cercanos al presidente revelaron «indicadores de compromiso» que apuntaban a la infiltración del programa israelí.
El impacto de esta situación fue profundo, con el temor extendiéndose por todos los niveles del Ejecutivo. A casi cinco años del incidente, se ha llegado a la conclusión de que muchos de los positivos detectados podrían haber sido el resultado de un análisis poco fiable, debido a la escasa tecnología disponible en ese momento. Se utilizó una herramienta de Amnistía Internacional para examinar los teléfonos, la misma que fue empleada por activistas en el conocido como catalangate.
Inicialmente, se había informado de un posible espionaje al móvil de Sánchez en octubre de 2020, pero este dato ha sido descalificado, ya que no se registró ninguna exfiltración de datos en ese momento. La primera infección se produjo en mayo de 2021, durante un viaje a Ceuta, y las autoridades sospechan que Marruecos fue el responsable de la operación.
Durante la crisis, el Gobierno ignoró repetidamente recomendaciones de seguridad sobre el uso de dispositivos móviles, lo que llevó a una situación caótica en la que aparecieron móviles infectados en lugares inesperados, incluso en cocinas. La falta de recursos en las unidades de inteligencia complicó aún más la posibilidad de detectar y contrarrestar las operaciones de espionaje.
En julio de 2021, el Centro Criptológico Nacional (CCN) emitió directrices técnicas para la detección de infecciones por Pegasus, aunque los métodos utilizados resultaron ser básicos y poco confiables. Los informes generados a partir de estos análisis mostraron anomalías que se interpretaron erróneamente como infecciones reales.
Los encuentros secretos entre el Gobierno español y las autoridades marroquíes en 2022, para abordar la crisis provocada por Pegasus, han sido fundamentales en la gestión de este escándalo. Es evidente que el espionaje ha dejado huellas profundas en la política española y ha planteado serias preguntas sobre la seguridad de las comunicaciones gubernamentales.
