La situación en la embajada española en India se ha visto envuelta en una controversia tras la solicitud del embajador, Juan Antonio March, a la directora del Instituto Cervantes (IC) en Nueva Delhi, María Gil, para canalizar fondos de empresas patrocinadoras destinados a un evento cultural. Esta petición se realizó a mediados de enero y fue rechazada por Gil, quien advirtió sobre la falta de supervisión del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El embajador había manifestado su interés en organizar tres conciertos en el estado de Rajastán para finales de febrero, pero lo hizo de manera informal, sin dejar registro escrito de su solicitud. En su comunicación, sugirió que el IC actuara como una especie de empresa pantalla para recibir fondos de manera opaca, que luego serían transferidos a la empresa local CTIM, dirigida por la coreógrafa Madhu Nataraj.
Según un informe redactado por la sección cultural de la embajada, el consejero cultural dejó claro que la propuesta del embajador era «completamente irregular». A pesar de la presión que sintió Gil ante la posibilidad de un conflicto con March, ella decidió consultar con su sede en Madrid, que confirmó que no era posible actuar como intermediario en transacciones financieras de empresas privadas.
Tras recibir la negativa de su sede, Gil informó al embajador sobre esta situación. Sin embargo, March, ignorando la respuesta oficial, ordenó facilitar el contacto directo entre los artistas y las empresas para los pagos, sin que el Ministerio de Exteriores estuviera al tanto.
El 27 de enero, Gil se distanció de la organización de los conciertos en Rajastán después de recibir indicaciones de sus superiores en Madrid. El consejero cultural también se retiró tras recibir correos de empresarios indios que querían realizar transferencias a CTIM para el evento, que carecía del respaldo necesario del ministerio. Así, se inició un proceso de recopilación de información que culminó en un informe exhaustivo.
El informe destaca las preocupaciones sobre la falta de autorización de la actividad cultural y la ausencia de control por parte de la Aecid, que supervisa las iniciativas culturales en el extranjero. A medida que el embajador March continuaba con su propuesta, el consejero cultural se encontró en una posición comprometida, al recibir solicitudes de empresas para realizar transferencias sin el conocimiento adecuado del ministerio.
El 28 de enero, la situación se formalizó con un informe que incluía 25 anexos, en el que se indicaba que hasta recibir instrucciones precisas de la sede de Aecid, no se realizarían más gestiones relacionadas con la actividad cultural propuesta por el embajador.
