El pasado mes de julio de 2024, un padre y catedrático universitario, J.C.M., fue condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas a prisión por abusos sexuales continuados hacia su hija. La sentencia fue emitida justo antes de Navidad y, a pesar de la gravedad de la acusación, la condena se fundamentó únicamente en el testimonio de la víctima, lo que ha llevado a la defensa del acusado a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Argumentan que esta decisión vulnera su derecho constitucional a una defensa efectiva, ya que el testimonio presentado en el juicio contenía inconsistencias.
La condena se basa en un relato que no fue ratificado en el juicio, a pesar de que la víctima, ya mayor de edad, podía haber declarado. Para complicar aún más el caso, la esposa de J.C.M., quien lleva años sin convivir con él, ha defendido su inocencia. La reconstrucción del caso revela que, tras una intervención de una psicóloga en marzo de 2019, la menor hizo revelaciones que nunca había mencionado antes, lo que ha generado controversia e incertidumbre sobre la veracidad de los hechos denunciados.
Inconsistencias en el testimonio
Durante la instrucción del caso, se elaboraron tres informes periciales. El primero, realizado poco después de las acusaciones, concluyó que el testimonio de la menor no era concluyente y recomendó nuevas evaluaciones. Los otros dos informes, elaborados mucho más tarde debido a la pandemia, otorgaron cierta credibilidad al relato, aunque se basaron más en el estado emocional de la menor que en la verosimilitud de los hechos. A pesar de la gravedad de la acusación, no se llevaron a cabo exploraciones físicas ni se presentó prueba material alguna, lo que ha llevado a la defensa a cuestionar la solidez de la condena.
Las contradicciones en el relato de la menor son significativas. Por ejemplo, la joven no pudo precisar dónde ocurrieron los hechos, a pesar de compartir dormitorio con su hermano. Además, afirmaba que los abusos comenzaron a los cinco años, sin presentar lesiones o secuelas, y existiendo evidencia visual de una relación afectuosa y normal entre padre e hija. A pesar de estas incongruencias, la menor no fue interrogada sobre ellas durante el juicio, lo que ha suscitado dudas sobre el proceso judicial.
El recurso y la situación actual
La sentencia de la Audiencia Provincial establece que la única prueba directa de los hechos eran las declaraciones de la menor, y que otros elementos de prueba no tenían la misma relevancia. Aunque se reconocieron contradicciones, el tribunal consideró que algunos detalles eran secundarios o atribuibles al trauma sufrido por la víctima.
La defensa ha argumentado que el proceso judicial no ponderó adecuadamente las pruebas de descargo ni consideró las contradicciones señaladas. Tras la condena, J.C.M. ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y ha solicitado un indulto que podría paralizar su ingreso en prisión. Hasta la fecha, su situación sigue siendo incierta mientras espera la resolución de su apelación.
