En la madrugada del viernes, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó el proyecto de reforma laboral propuesto por el Gobierno de Javier Milei. La votación, que se llevó a cabo tras casi diez horas de intenso debate parlamentario, culminó con un resultado ajustado de 135 votos a favor y 115 en contra.
Este proceso legislativo se desarrolló en un contexto de huelga general y movilizaciones en contra de la iniciativa oficialista. La jornada estuvo marcada por protestas frente al Congreso, organizadas por partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales que se opusieron a la reforma.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó la aprobación general del proyecto con la fórmula reglamentaria: «Resulta afirmativo». La iniciativa, respaldada por el oficialismo de La Libertad Avanza, recibió apoyo también del PRO, la Unión Cívica Radical y legisladores afines a varios gobernadores, incluidos algunos del peronismo.
Entre las modificaciones más significativas que introduce el texto se encuentra la posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas diarias. Este nuevo esquema permite compensar el tiempo adicional trabajado con horas libres o jornadas reducidas, en lugar de pagar horas extra.
Adicionalmente, la reforma autoriza a los empleadores a fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días y estipula que el descanso se puede tomar en verano cada dos años. También se amplía el período de prueba para ciertos regímenes laborales, como el de trabajadores rurales y empleadas de casas particulares.
Un aspecto relevante del proyecto es la creación de un régimen específico para los empleos vinculados a plataformas digitales, donde los trabajadores son considerados independientes y no tienen derecho a vacaciones pagas ni aguinaldo. Además, se establece un Fondo de Asistencia Laboral como alternativa a las indemnizaciones tradicionales, financiado a través del sistema de seguridad social.
La aprobación del proyecto se produce en un contexto de fuerte oposición, evidenciado por la huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Durante las movilizaciones, el Gobierno desplegó fuerzas federales de seguridad en las inmediaciones del Parlamento e hizo uso de camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes.
Previo a la votación final, el oficialismo decidió retirar un artículo que permitía reducir entre el 50% y el 75% el salario a trabajadores ausentes por enfermedad o accidente no laboral. Esta modificación obligará a que el texto regrese al Senado para su sanción definitiva.
