La reciente polémica en torno a las adjudicaciones de viviendas protegidas en Les Naus de Alicante ha puesto de manifiesto la complejidad del proceso de selección. Desde que el diario INFORMACIÓN reveló las irregularidades en la primera promoción de este tipo en más de dos décadas, el alcalde Luis Barcala ha enfatizado la necesidad de investigar minuciosamente los visados de los 140 beneficiarios. Su objetivo es asegurar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan, evitando que caigan en manos de quienes no tienen derecho a ellas.
Este asunto ha cobrado relevancia tanto a nivel municipal como autonómico, especialmente después de que la Generalitat Valenciana se viera obligada a intervenir tras el escándalo que ha resonado a nivel nacional. En este contexto, Barcala ha señalado a aquellos que han cometido irregularidades para acceder a estas viviendas, subrayando la importancia de cumplir con los requisitos de ingresos y propiedades establecidos por la normativa vigente.
La legislación actual, aprobada por el gobierno de Carlos Mazón a finales de 2024, estipula que los ingresos de la unidad familiar no deben exceder los 54.600 euros, cifra que puede aumentar a 66.000 euros si hay hijos o personas con discapacidad a cargo. Además, los solicitantes no pueden ser propietarios de otra vivienda en todo el territorio nacional.
Las indagaciones han revelado que un número significativo de los nuevos propietarios en el residencial de la avenida Historiador Vicente Ramos son empresarios y profesionales liberales destacados en la ciudad. Algunos de estos beneficiarios están vinculados al sector inmobiliario, con empresas que han llevado a cabo numerosas transacciones en los últimos años.
Entre los nuevos propietarios se encuentran también administradores de empresas de diversos sectores, incluyendo la salud, la energía y la hostelería, lo que ha generado aún más controversia respecto a la legitimidad de su acceso a estas viviendas protegidas. La Conselleria de Vivienda se encuentra revisando los visados de todos los propietarios, exigiendo documentación adicional para aquellos que superan el límite de ingresos establecido.
El próximo lunes, según ha informado la consellera Susana Camarero, finalizará el plazo para la entrega de esta documentación. La revisión exhaustiva se inició tras las críticas surgidas a raíz de la publicación de INFORMACIÓN, a pesar de que inicialmente se sostuvo que todos los beneficiarios cumplían con los requisitos.
Este escándalo ha tenido repercusiones significativas, incluyendo la dimisión de tres funcionarios, y ha llevado a algunos propietarios a renunciar a sus viviendas en un intento de distanciarse de la controversia.
