La Constitución española de 1978 ha alcanzado esta semana el hito de ser la más longeva en la historia del país, cumpliendo 47 años, 2 meses y 15 días. Este logro se atribuye, según diversos expertos en derecho constitucional, a la «fórmula mágica» del consenso que permitió su creación durante un periodo histórico de transición.
Entre los especialistas consultados por EL PERIÓDICO, se destaca que, a pesar de haber resistido el paso del tiempo, existen numerosas reformas que se consideran necesarias. Sin embargo, muchos coinciden en que no es el momento adecuado para llevarlas a cabo, ya que el consenso que caracterizó la transición es actualmente inexistente. Cualquier modificación parcial podría poner en riesgo la estabilidad de la Constitución en su totalidad.
Leopoldo Abad, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad CEU San Pablo, señala que «las constituciones que no perduran son aquellas que son de parte». Durante las negociaciones en 1977 y 1978, todos los partidos políticos supieron encontrar puntos de acuerdo, incluso en temas conflictivos, regulándolos de la manera más genérica posible. Esta imprecisión ha permitido que diferentes políticas gubernamentales se adapten a la Constitución.
Rosario García, directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, comparte esta visión, afirmando que la Constitución es «abierta y flexible», lo que ha facilitado diversas interpretaciones por parte del Tribunal Constitucional. «Es un cuerpo vivo que dialoga con la sociedad», añade, destacando la importancia de la inclusión de referencias a tratados internacionales que han alineado a España con la Unión Europea.
A pesar de su longevidad, la Constitución solo ha sido reformada en tres ocasiones, lo que ha llevado a muchos a plantear la necesidad de actualizar ciertos artículos. José Julio Fernández, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, menciona que, aunque no es imprescindible, es necesario revisar aspectos como la estructura del Senado o la sucesión en la Corona, para garantizar la igualdad de género.
Asimismo, Ana Marrades, presidenta de la Red Feminista de Derecho Constitucional, propone una reforma que reconozca la «igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres», sugiriendo la inclusión de un lenguaje inclusivo y la mención de las «madres» en la carta magna. También aboga por establecer derechos relacionados con la vida libre de violencia de género y la conciliación laboral.
Los expertos también destacan la necesidad de regular los «derechos tecnológicos», ante los desafíos que presenta la era digital. La protección de los derechos medioambientales y la respuesta al cambio climático son otras de las prioridades que emergen en el debate sobre posibles reformas constitucionales.
El procedimiento para la reforma de la Constitución es complejo, requiriendo el consenso de tres quintos del Congreso y del Senado, además de un referéndum en caso de modificaciones significativas. Esta situación ha llevado a muchos a considerar que, dada la polarización política actual, realizar cambios sustanciales sería un reto considerable. Abad advierte que cualquier reforma que no respete el consenso podría poner en peligro la estabilidad de la Constitución.
En conclusión, aunque existen múltiples propuestas de reforma, la falta de consenso y la polarización política actual hacen difícil su implementación. Los expertos abogan por un esfuerzo hacia el consenso que permita actualizar la carta magna, recordando la importancia del acuerdo que hizo posible su creación en 1978.
