La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el pasado jueves una ley de amnistía dirigida a presos políticos, alcanzando un consenso unánime. Esta legislación tiene como objetivo beneficiar a aquellos condenados por situaciones de crisis política que se desarrollaron entre los años 2002 y 2025, aunque impone exclusiones para delitos considerados graves.
Entre los delitos que no están cubiertos por esta amnistía se encuentran violaciones de derechos humanos, homicidio intencional, lesiones graves, tráfico de drogas, así como crímenes de lesa humanidad. Además, quedan fuera aquellos que hayan promovido o participado en acciones armadas contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, ya sea a través de Estados, corporaciones o individuos extranjeros.
La ley contempla hechos ocurridos durante momentos críticos de la política venezolana, incluyendo el golpe de estado contra el fallecido Hugo Chávez en abril de 2002, el paro petrolero de finales de 2002 y principios de 2003, así como las protestas antigubernamentales de 2013, 2017 y 2024. Tras la aprobación, el texto se remitió a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para su firma y posterior publicación en la Gaceta Oficial.
Este avance legislativo se inscribe dentro del «nuevo momento político» que Rodríguez anunció tras asumir el poder después de la captura del dictador Nicolás Maduro durante un ataque militar estadounidense el pasado 3 de enero. La Asamblea también designó una comisión especial compuesta por 23 diputados, tanto opositores como chavistas, para desarrollar e implementar los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. Los parlamentarios podrán contar con la asesoría de expertos en el área.
Un punto de controversia que había retrasado el debate de la ley fue el artículo 7, que establece que los beneficiarios de la amnistía deben presentarse ante los tribunales para solicitarla. Aquellos que no se encuentren en el país podrán realizar el trámite a través de un representante legal. Por otro lado, el artículo 11 indica que el tribunal competente deberá verificar las condiciones para la amnistía en cada caso y podrá anular procesos en curso o revisar sentencias firmes en un plazo no superior a 15 días.
La normativa también estipula que cualquier persona que se beneficie de la amnistía y cometa delitos tras su entrada en vigor será procesada según la legislación ordinaria. Según la ONG Foro Penal, actualmente hay 644 presos políticos en Venezuela, tras más de 400 excarcelaciones que han tenido lugar desde el inicio del proceso el 8 de enero por parte del gobierno encargado.
