La Fiscalía de la Audiencia Nacional se enfrenta a una crucial decisión que podría marcar un precedente en la actuación del Ministerio Público. La teniente fiscal, Marta Durántez, quien anteriormente ejerció la acusación contra Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso, deberá determinar si se presenta una querella contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales denunciadas por dos extrabajadoras de su servicio doméstico.
Según ha informado THE OBJECTIVE, la decisión sobre la posible judicialización del caso Iglesias podría generar un conflicto con la reciente doctrina de la Fiscalía de Madrid, que archivó el denominado caso Salazar por falta de denuncia directa y por basarse únicamente en informaciones periodísticas. Este paralelismo es complicado de ignorar, ya que en el caso de Salazar, la Fiscalía fue tajante al afirmar que sin denuncia de la persona agraviada, no podía prosperar la acción penal.
La voluntad de avanzar en el caso Iglesias
Aunque el caso de Julio Iglesias se encuentra aún en fase preprocesal, fuentes de la Fiscalía apuntan a que existe una clara intención de avanzar en la investigación. A diferencia de lo sucedido con Salazar, se considera que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está abierta a la posibilidad de presentar una querella. Esto colocaría a Durántez en el centro de una decisión con importantes implicaciones institucionales.
La figura de Durántez es clave en este contexto, ya que ha liderado una línea activa del Ministerio Público en delitos contra la libertad sexual. Su historial refuerza la percepción de que el caso de Julio Iglesias podría judicializarse, incluso en un escenario jurídicamente discutido.
Cuestiones de competencia territorial
Un aspecto complicado en este asunto es el de la competencia territorial, dado que las presuntas agresiones habrían tenido lugar en República Dominicana, país donde Iglesias residía habitualmente en los años señalados por las denunciantes. Aunque la Audiencia Nacional puede investigar delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles, prevalece la jurisdicción del país donde se cometieron los hechos. Fuentes fiscales sugieren que lo lógico sería que las autoridades dominicanas investigaran el asunto.
En este contexto, la Fiscalía española debería recabar información de sus homólogos en República Dominicana para determinar si se ha abierto alguna investigación. Sin embargo, hay indicios de que la Fiscalía podría optar por abrir diligencias en España sin esperar una respuesta formal del país donde ocurrieron los hechos, lo que podría alimentar la percepción de un doble rasero en comparación con otros procedimientos recientes.
Al igual que en el caso de Salazar, las mujeres que han acusado a Julio Iglesias han mantenido su anonimato y no han presentado denuncia directa ante un juzgado. La Fiscalía ha indicado que prevé tomarles declaración como testigos protegidos, aunque por ahora esto sigue siendo una hipótesis futura.
Este matiz es crucial, ya que en su informe sobre Salazar, la Fiscalía dejó claro que no es procedente «imponer, mediante diligencias judiciales, la identificación de las supuestas víctimas contra su voluntad». La diferencia entre ambos casos radica en la voluntad del Ministerio Público de impulsar o no el procedimiento. La decisión que tome Marta Durántez podría tener repercusiones significativas más allá del caso concreto del cantante.
