El empresario Víctor de Aldama, señalado en presuntos casos de corrupción que involucran al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, ha tenido que retractarse de sus acusaciones contra la constructora andaluza Azvi. Aldama había relacionado a la empresa con el pago de comisiones ilícitas en el ámbito de adjudicaciones de obra pública, lo que ha generado un importante revuelo mediático.
Las acusaciones de Aldama fueron presentadas ante el Tribunal Supremo, donde afirmó que Azvi había pagado una supuesta comisión de 18.000 euros en 2019. Sin embargo, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, desestimó estas afirmaciones al considerar que no existían «indicios sólidos» que respaldaran sus declaraciones, y que carecían de documentación verificable.
El tribunal decidió no autorizar la querella que Azvi había solicitado interponer contra Aldama por injurias, argumentando que la instrucción judicial aún se encontraba en una fase preliminar. A pesar de ello, la empresa emitió varios comunicados para desmentir cualquier vinculación con las acusaciones de Aldama, enfatizando que no había relación comprobada entre ellos ni que sus empleados o directivos estuvieran implicados en la investigación.
En un giro reciente de los acontecimientos, Aldama tuvo que hacer una corrección pública en sus redes sociales, donde reconoció que el pago de 18.000 euros no tenía relación con una comisión ilícita, contradiciendo así su declaración original. Esta rectificación fue ampliamente difundida por los medios de comunicación y fue utilizada por Azvi para reforzar su posición en el asunto.
La compañía subrayó que la aportación económica mencionada por Aldama estaba vinculada a un proyecto deportivo privado que no llegó a materializarse y que fue reembolsada en su totalidad, con respaldo documental, asegurando que no había relación alguna con actividades ilícitas. La controversia en torno a estas acusaciones continúa generando interés en la opinión pública y en el ámbito judicial.
