La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Josefa Cantero, ha sido galardonada con el primer Premio de Investigación Benito Ramos de Administraciones Públicas, otorgado por la Asociación de Antiguos Alumnos del Instituto Nacional de Administración Pública de España (AEINAPE).
Cantero, quien es catedrática de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de Albacete, realizó esta investigación en el marco de un acuerdo entre la UCLM y la entidad pública empresarial Red.es. Este convenio se centró en el desarrollo de la Carta de Derechos Digitales, aprobada por el Gobierno de España en 2021.
El trabajo de la profesora Cantero examina cómo las transformaciones tecnológicas y la implementación de sistemas de inteligencia artificial afectan la gestión del personal en las administraciones públicas. Según sus palabras, «los avances tecnológicos permiten que la Administración pueda convertirse en una Administración panóptica, con capacidad para videovigilar, geolocalizar y acceder a dispositivos digitales corporativos».
En su análisis, advierte sobre las repercusiones que estas tecnologías pueden tener en el derecho a la intimidad de los empleados públicos. Además, afirma que el marco jurídico actual «ha reaccionado de forma tardía e insuficiente ante esta amenaza», destacando que se han extendido soluciones del ámbito laboral al empleo público sin abordar los retos que presentan.
El estudio identifica el uso de sistemas de inteligencia artificial como el principal desafío en el sector público. «Sería un error pensar que el problema se limita a la videovigilancia o la geolocalización; el verdadero desafío se encuentra en la utilización de sistemas de inteligencia artificial», sostiene. Estos sistemas pueden influir en la organización del trabajo y en la toma de decisiones automatizadas, generando preocupaciones sobre los llamados poderes de dirección algorítmica.
La investigación también pone de relieve la asimetría informativa que existe entre una Administración basada en algoritmos y sus empleados. «La dificultad real de impugnar decisiones automatizadas cuando se desconocen los criterios que las sustentan debería abocar al reconocimiento de nuevos derechos», afirma Cantero. Entre estos derechos, menciona la necesidad de intervención humana en decisiones automatizadas, la igualdad y no discriminación frente a sesgos algorítmicos, así como la transparencia y trazabilidad de las decisiones.
Desde esta perspectiva, la autora concluye que «los derechos digitales del empleado público no pueden concebirse como una mera extensión de los derechos laborales clásicos a un entorno tecnológico». A su juicio, deben ser reinterpretados a la luz de los derechos constitucionales vigentes en el empleo público, considerando su compatibilidad con sistemas que aprenden de datos históricos y predicen comportamientos. «La Carta de Derechos Digitales constituye una guía para esta labor que ha de ser abordada por el legislador básico», concluye.
Gabinete de Comunicación UCLM
