ACTUALIZACIÓN: La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha hecho un llamado urgente para movilizarse en las calles en respuesta a la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que lo inhabilita durante dos años.
Díaz realizó este llamamiento en TVE, un día después de una concentración que reunió a aproximadamente 500 personas frente al Tribunal Supremo, donde estuvo presente la exfiscal general, Dolores Delgado, y el exmagistrado Baltasar Garzón. «Hago un llamamiento a las gentes demócratas para que salgan a defender la democracia», declaró Díaz, quien describió a García Ortiz como «un fiscal magnífico» e «inocente».
La vicepresidenta considera que el fallo es «una sentencia política» y criticó la falta de publicación de los motivos detrás de esta decisión judicial. «Hay indignación social, la gente sabe lo que ha pasado», expresó en la entrevista, donde enfatizó la «brutal persecución» que ha enfrentado el fiscal general desde su nombramiento. «Estamos asistiendo a una intervención en la política española», añadió.
Díaz advirtió que el fallo marca «un punto de inflexión» en el que «parte de la judicatura se cree impune» y ha vulnerado la separación de poderes. Insistió en que «ha llegado la hora de dar un paso adelante» y pidió a los españoles que «se movilicen en defensa de la democracia».
En un tono bélico, mencionó que «la extrema derecha» está intentando desestabilizar las instituciones del país. En apoyo a estas declaraciones, el partido Movimiento Sumar y su coordinadora, Lara Hernández, también instaron a las movilizaciones, celebrando la indignación social generada por el fallo. Hernández subrayó que el juicio trasciende la figura del fiscal, constituyendo una ofensiva contra los pilares del Estado de derecho.
Los ministros de Sumar también reaccionaron, como el titular de Cultura, Ernest Urtasun, quien calificó el fallo como una «maniobra» de la judicatura para interferir en la política. «La ignominiosa condena del fiscal general será recordada como uno de los intentos más descarados de la judicatura reaccionaria de interferir en la vida política del país», criticó en un desayuno informativo.
Desde IU, el coordinador federal Antonio Maíllo también se pronunció en contra del fallo, considerándolo «una falta de respeto» que «quiebra la lealtad de las instituciones». Lo describió como «un golpe institucional» y «una sentencia casi prevaricadora», advirtiendo que «el desprestigio de la justicia se construye así».
Este llamamiento a la movilización y la crítica abierta hacia el fallo del Tribunal Supremo pone de relieve la tensión política en España, mientras los ciudadanos esperan la reacción de las autoridades y la posible organización de nuevas manifestaciones en los próximos días.
