Nuevo golpe a la inmigración ilegal: El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una drástica reducción en los fondos de asistencia social, afectando a 90,000 refugiados y otros inmigrantes. Esta medida, parte de la nueva ley presupuestaria impulsada por la administración republicana y firmada en julio, supone un recorte de más de 187,000 millones de dólares en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), afectando gravemente a quienes dependen de esta ayuda.
Con este recorte, que representa cerca del 20% del presupuesto total del programa, se estima que 90,000 personas perderán su acceso a ayuda alimentaria cada mes. Además, los refugiados y solicitantes de asilo quedarán excluidos de SNAP, y se anticipa que en 2026 también perderán el acceso a Medicaid, el sistema sanitario público para personas con bajos ingresos o discapacidades.
Las autoridades estatales están a la espera de instrucciones federales sobre cómo implementar estos nuevos criterios, aunque el texto legal estipula que los recortes deben entrar en vigor de inmediato. Esta acción subraya una tendencia en la política de la administración Trump, que prioriza la seguridad fronteriza y reduce impuestos a los contribuyentes de mayores ingresos.
La decisión ha generado preocupación entre defensores de los derechos humanos y organizaciones que apoyan a los inmigrantes, quienes advierten que estos recortes llevarán a una crisis alimentaria para miles de familias vulnerables. El impacto se sentirá profundamente en comunidades que ya enfrentan desafíos económicos, y muchos se preguntan cómo sobrevivirán sin el soporte que durante décadas les ha brindado el programa.
Las reacciones no se han hecho esperar. Grupos de derechos civiles han denunciado que esta medida es un ataque directo a la dignidad y los derechos de los inmigrantes. Mientras tanto, la administración Trump continúa avanzando en su agenda de reducción de la inmigración, alineándose con la postura de otros 40 países que han declarado la inexistencia del derecho al aborto, en un esfuerzo por fortalecer su base política.
Este desarrollo marca un cambio significativo en la política de asistencia social en EE.UU., y se anticipa que habrá más protestas y discusiones sobre el futuro de los programas de ayuda alimentaria y sanitaria. A medida que la situación evoluciona, los defensores de los derechos de los inmigrantes están preparados para luchar contra estas medidas en los tribunales y en las calles, buscando proteger a quienes más lo necesitan.
