El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un fallo histórico que revela una serie de trece pruebas decisivas que acorralaron al funcionario. Esta condena se produce tras la filtración de datos reservados de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La sentencia fue anunciada hoy, solo una semana después de finalizar el juicio oral donde García Ortiz negó haber compartido información confidencial.
El caso se intensificó a principios de 2024, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid recibió un informe de la Agencia Tributaria que implicaba a González Amador en dos posibles delitos fiscales durante los años 2020 y 2021. A raíz de esto, el 7 de marzo, Diego Villafañe, colaborador cercano de García Ortiz, contactó con la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, solicitando el expediente de manera urgente.
El 14 de marzo, la situación dio un giro dramático cuando EL MUNDO publicó una exclusiva sobre un pacto de la Fiscalía con la pareja de Ayuso. Este hecho provocó un “frenético intercambio de comunicaciones” en la cúpula fiscal, donde García Ortiz estuvo en contacto directo con Rodríguez para asegurar la transmisión de información crítica. A las 21:54 del mismo día, se enviaron correos electrónicos que contenían detalles confidenciales, y poco después, García Ortiz presionó para obtener otro correo mencionado en EL MUNDO.
A media noche, García Ortiz envió un borrador de un comunicado que incluía información sensible, que fue revisado y validado por Rodríguez y la fiscal decana de Madrid, Virna Alonso. A las 9:10 del 14 de marzo, García Ortiz contactó a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, acusándola de haber filtrado correos y priorizando la necesidad de hacer público el comunicado antes de que se perdiera la oportunidad mediática.
La investigación posterior reveló que los mensajes relevantes provenían de los teléfonos de Rodríguez y Lastra, pero no del de García Ortiz, quien cambió de móvil una semana después de que el Supremo anunciara su investigación. En diciembre de 2024, la UCO determinó que no existían mensajes en su dispositivo entre el 8 y el 14 de marzo, lo que indica una posible eliminación deliberada de la evidencia.
Esta condena no solo afecta a García Ortiz, sino que también plantea serias preguntas sobre la integridad del sistema judicial en España. La reacción inmediata de la política ha sido intensa, con Santiago Abascal afirmando que este caso establece un precedente que podría llevar al presidente Pedro Sánchez a enfrentar consecuencias legales.
La situación sigue desarrollándose, y se espera que haya más reacciones en los próximos días. La condena de García Ortiz marca un capítulo decisivo en la lucha contra la corrupción y la impunidad dentro de las instituciones públicas.
