En un giro sorprendente, el Gobierno español ha decidido recortar más del 60% del presupuesto destinado a combatir el bullying, una decisión que ha generado un gran malestar social. La nueva ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reducido el presupuesto de 248,000 euros a 99,000 euros para las campañas de concienciación contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, justo cuando los casos de acoso escolar están en aumento.
Este recorte se formalizó en el nuevo contrato para la campaña de sensibilización, que ahora se limitará a materiales básicos como un video de un minuto y versiones cortas para televisión e internet. La campaña, diseñada para difundirse entre el 18 de noviembre y el 1 de diciembre de 2024, tenía como objetivo generar “una reacción social” frente a la violencia que sufren los niños y adolescentes.
Sin embargo, el ajuste llega en un momento crítico: según el último informe de la Fundación ANAR, el 12.3% del alumnado afirma que hay casos de acoso escolar en sus clases, un incremento alarmante en comparación con el 9.4% registrado anteriormente. Este aumento de casi tres puntos es un claro indicativo de que el bullying y el ciberacoso son problemas en expansión en las aulas españolas.
El informe también revela que el 14.2% de las situaciones de ciberbullying involucran el uso de herramientas de inteligencia artificial, lo que añade una nueva dimensión de riesgo a la convivencia escolar. Las formas más comunes de agresión siguen siendo los insultos y burlas, que representan un 84.8% de los casos, seguidas por el aislamiento y la violencia física.
Los datos son alarmantes, y la percepción de la respuesta institucional es negativa: más de un 35.1% del alumnado cree que el profesorado no actúa ante el acoso. Este contraste entre el aumento del bullying y la reducción del presupuesto es preocupante; mientras el informe de la Fundación ANAR-Mutua advierte sobre un problema creciente, el ministerio opta por recortar recursos para combatirlo.
Las implicaciones de crecer en entornos violentos son devastadoras, como señala el propio documento del Gobierno. Sin embargo, la drástica disminución en la inversión pública para abordar este problema plantea serias dudas sobre el compromiso real del Gobierno para proteger la infancia en España.
A medida que la campaña se aproxima, la comunidad educativa y los padres están cada vez más inquietos, preguntándose cómo se podrá abordar eficazmente el bullying con un presupuesto tan limitado. La situación exige una respuesta urgente y efectiva que priorice la seguridad y el bienestar de los jóvenes en las aulas.
En las próximas semanas, la atención se centrará en cómo se desarrollará esta campaña reducida y si logrará generar el impacto social esperado frente a un problema que sigue creciendo.
