Nuevo informe: El concejal de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife, José Alberto Díaz-Esteván, confirmó este lunes un drástico aumento del 50% en el impuesto de basura, lo que generará un fuerte impacto financiero en los ciudadanos a partir del 1 de enero de 2026.
Durante una rueda de prensa, Díaz-Esteván expresó su frustración, señalando que esta subida es “obligada, inevitable e inexplicable”. Actualmente, el costo medio del impuesto es de 70 euros, que se elevará a 105 euros una vez que entre en vigor la nueva normativa europea que el Gobierno de España ha decidido implementar.
El incremento no será uniforme, ya que se ajustará según el valor catastral de cada vivienda y el número de residentes, así como el uso de los inmuebles para las empresas. Según el concejal, el plan a largo plazo incluye la instalación de contenedores inteligentes que premiarán a los ciudadanos que generen menos residuos.
Este cambio ha generado preocupación entre los contribuyentes, ya que muchos no han sido informados adecuadamente sobre el aumento y las razones detrás de él. Díaz-Esteván advirtió que los ciudadanos verán un aumento en sus pagos sin recibir mejoras tangibles en los servicios de recolección de basura.
Además, el concejal destacó que se mantendrán bonificaciones para familias en riesgo de exclusión social, propiedades desocupadas y domicilios ubicados a más de 200 metros de un contenedor. Sin embargo, las propiedades destinadas a alquiler vacacional no recibirán ninguna bonificación.
Este anuncio, que afecta a miles de contribuyentes en la isla, se produce en un contexto de creciente presión sobre los servicios públicos y la necesidad de adaptarse a las normativas europeas. Las autoridades locales han recibido críticas por la falta de comunicación efectiva sobre estos cambios que impactarán directamente en la economía de los ciudadanos.
Con la implementación de esta nueva normativa, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a un reto importante: equilibrar la necesidad de cumplir con las regulaciones europeas mientras se asegura que los ciudadanos entienden y pueden gestionar los cambios en sus facturas de servicios.
Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollará esta situación y qué medidas adicionales se tomarán para mitigar el impacto en las familias afectadas.
