Una mujer de **89 años** en Avilés enfrenta una batalla legal urgente para desalojar a inquilinos que han causado disturbios constantes y vandalismo en su propiedad. La situación se ha vuelto insostenible, con reportes de amenazas y el uso de la vivienda como posible punto de venta de drogas, según indican los vecinos y **Servicios Sociales**.
En la reciente junta de propietarios en la **calle Marqués de Suances, número 4-6-8**, se discutieron los «numerosos incidentes» provocados por estos inquilinos. Los residentes han señalado que personas ajenas frecuentan el edificio, generando un ambiente de inseguridad tanto en las áreas comunes como en la vivienda alquilada. «Se ha avisado en varias ocasiones a la policía ya que existe la sospecha de que en el inmueble se vende droga al menudeo», subrayan los vecinos en una comunicación dirigida a la propietaria.
La comunidad ha decidido tomar medidas drásticas, apoyando la demanda de desahucio presentada por la anciana, quien vive con su hijo y percibe una **pensión de viudedad** muy baja de **5,400 euros anuales**. Sin embargo, a pesar de las cámaras de seguridad instaladas debido a los daños recurrentes en las zonas comunes, los cables han sido cortados, lo que ha impedido su efectividad.
Los vecinos expresan su desesperación, indicando que han sufrido amenazas por parte de los inquilinos, quienes también están involucrados en peleas y gritos constantes. Esta situación ha llevado a la comunidad a instar a la propietaria a actuar, advirtiéndole que podrían emprender acciones legales si no se resuelve el problema.
A medida que esta historia se desarrolla, el abogado de la mujer trabaja para demostrar su situación de vulnerabilidad, un aspecto crucial en este caso. La lucha de esta propietaria resalta no solo la problemática de los inquilinos problemáticos, sino también la falta de apoyo para personas mayores que enfrentan situaciones de abuso y vandalismo en sus propios hogares.
La comunidad de vecinos y la propietaria esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto para garantizar la seguridad de todos en el edificio. Este caso, que ha captado la atención local, plantea preguntas sobre la protección de los derechos de los propietarios vulnerables en situaciones como esta.
