Perú ha tomado medidas drásticas contra México tras otorgar asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, en un giro que ha llevado a la expulsión de la encargada de negocios mexicana, Karla Ornelas, y a la declaración de persona non grata a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Esta ruptura diplomática, que se produce en un contexto de creciente tensión regional, marca un punto crítico en las relaciones bilaterales, que han pasado de ser históricamente cordiales a una confrontación abierta en menos de tres años.
La decisión de Perú se basa en el asilo concedido por México a Chávez, acusada de rebelión y conspiración por su supuesta participación en el intento de autogolpe de diciembre de 2022. El gobierno peruano considera que este acto es una intervención inaceptable en sus asuntos internos y una distorsión del derecho de asilo, al extenderse a figuras procesadas por delitos comunes. Por su parte, México defiende que Chávez es una perseguida política, un argumento que se ha utilizado anteriormente en el caso de Pedro Castillo.
La salida de Ornelas, ocurrida el sábado por la noche, simboliza la culminación de un deterioro progresivo en las relaciones, que ya habían sido frías desde la expulsión del embajador Pablo Monroy hace casi un año. Ahora, con la retirada de Ornelas, ambos países se quedan sin embajadores, limitando la comunicación a canales consulares básicos para asuntos humanitarios.
El Congreso peruano ha aprobado la declaración de Sheinbaum como persona non grata, en respuesta a sus reiteradas defensas de Castillo y Chávez. El canciller peruano, Hugo de Zela, lamentó que México persista en lo que considera una postura equivocada, afirmando que ha llevado a un punto de no retorno en las relaciones diplomáticas.
Este conflicto no solo tiene implicaciones diplomáticas, sino que también toca la cuestión del asilo político en América Latina. Perú ha argumentado que la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo, ha sido malinterpretada por México. En respuesta, el gobierno del presidente José Jerí ha anunciado su intención de promover reformas en la Organización de Estados Americanos (OEA) para evitar que delitos comunes se disfracen de persecuciones políticas.
La opinión pública en Perú respalda esta firmeza diplomática; según una encuesta de Ipsos, el 79% de los peruanos sostiene que Chávez debe enfrentar la justicia en su país. Este respaldo social refuerza la posición del gobierno, que busca demostrar su compromiso con la soberanía y el orden constitucional frente a injerencias externas.
Mientras tanto, Chávez sigue refugiada en la embajada mexicana en Lima, atrapada en un limbo legal, ya que si sale del recinto diplomático sería arrestada inmediatamente. La presión sobre su situación aumentará en los próximos días, ya que el Ministerio Público ha solicitado revocar su libertad y establecer nuevamente prisión preventiva.
La ruptura de relaciones con México está reconfigurando el mapa político en la región, con Perú alejándose de las posturas progresistas y México manteniendo su defensa de causas de izquierda. Esta crisis, más allá de ser un conflicto bilateral, refleja tensiones más profundas sobre soberanía y solidaridad ideológica en América Latina, dejando un futuro incierto para las relaciones entre ambos países.
