La denuncia del actor Osqui Guzmán sobre una agresión policial que sufrió recientemente ha desatado un nuevo debate sobre la violencia institucional en Argentina. Guzmán fue víctima de hostigamiento por su color de piel, un hecho que refleja un patrón sistemático de criminalización de jóvenes y trabajadores en el país. Según datos de la organización CORREPI, desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, se han registrado 549 asesinatos a manos de fuerzas represivas, evidenciando una alarmante escalada de violencia.
La experiencia de Guzmán no es un caso aislado. En Vicente López, el pasado septiembre, Octavio Buccafusco fue asesinado por la Policía Bonaerense después de llamar para denunciar un robo, un hecho similar al de George Floyd en EE. UU. Por su parte, Dylan Bustamante fue atropellado por un patrullero en Avellaneda, y su familia aún exige justicia. La brutalidad policial se manifiesta en el día a día, donde la discriminación racial y de clase se vuelve cotidiana, afectando a los más vulnerables.
La violencia que enfrenta la población de bajos recursos es un reflejo de un Estado que, en lugar de invertir en educación y empleo, elige llenar los barrios de patrulleros. Esto se traduce en una represión constante y en un control social cada vez más férreo. La reciente declaración de Guzmán, quien afirmó «basta de perseguirnos por nuestro color de piel», resuena en un clima donde el racismo se convierte en una herramienta de división entre trabajadores.
El contraste entre la violencia policial y la impunidad de los grandes corruptos no puede ser más evidente. La seguridad en el país se ha transformado en un mecanismo de control que favorece a los poderosos mientras que las comunidades vulnerables sufren las consecuencias. En marzo de 2025, el gobernador Kicillof anunció una inversión de $170.000 millones para fortalecer la seguridad, lo que incluye la incorporación de entre 750 y 800 nuevos patrulleros, una medida que muchos consideran un aumento en la represión en lugar de un compromiso con la justicia social.
La situación se torna insostenible. La misma policía que discrimina también reprime a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores en lucha. Este ciclo de violencia y desigualdad está llevando a la sociedad a un punto de quiebre. Los ciudadanos claman por una respuesta que priorice la educación, el trabajo digno y la justicia, en lugar de más patrulleros y represión.
La denuncia de Guzmán es un llamado urgente a la acción. La comunidad no puede permanecer indiferente ante la violencia sistemática que sufren los más vulnerables. Este es un momento crucial para la sociedad argentina, donde se debe cuestionar y desafiar un sistema que perpetúa el racismo y la violencia. Las voces de aquellos que han sido silenciados deben ser escuchadas, y la lucha por la justicia no puede esperar.
