El gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión alarmante al autorizar, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, que los civiles puedan comprar y poseer fusiles semiautomáticos y armas derivadas de uso militar. Esta medida, anunciada por el Registro Nacional de Armas (RENAR), permitirá a la población acceder a armamento que antes estaba prohibido, incluyendo carabinas y subametralladoras de asalto, lo que genera una grave preocupación por el aumento de la violencia social.
La decisión del Ejecutivo, justificada como una “actualización normativa”, se presenta con la falsa premisa de regular el uso de estas armas, sin embargo, muchos observadores la ven como un intento deliberado de promover un clima de agresión, especialmente dirigido contra trabajadores y sectores vulnerables. Críticos afirman que esta medida se inscribe dentro de una política de represión y violencia que ha caracterizado al gobierno, reflejada en las constantes manifestaciones contra la pobreza y las desigualdades.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, ha liderado operativos que han resultado en la represión de protestas sociales, a menudo dirigidos contra jubilados, enfermeros y trabajadores. En ese contexto, se destaca el discurso del diputado nacional José Luis Espert, de La Libertad Avanza, quien ha instado a la represión con frases como “Cárcel o Bala” para quienes defienden derechos básicos como un salario digno.
La comunidad internacional observa con preocupación, recordando ejemplos como el de Brasil, donde la liberalización del mercado de armas bajo el gobierno de Jair Bolsonaro resultó en un aumento significativo de la violencia de género y tiroteos en espacios públicos. Martín Angerosa, cofundador de la Red Argentina para el Desarme, ha alertado sobre los peligros de esta nueva política, señalando que “las armas no resuelven los problemas sociales, solo los agravan”.
Esta medida, que refuerza un discurso de violencia estatal, se suma a un contexto de ajuste económico que ha generado un creciente descontento social. La decisión de Milei no solo intensifica la inseguridad, sino que también fomenta un ambiente hostil hacia grupos históricamente marginados, incluidas las mujeres y las comunidades LGBTQ+.
La comunidad y los defensores de los derechos humanos exigen una revisión inmediata de esta política, advirtiendo que la escalada de violencia podría tener consecuencias devastadoras. La situación se desarrolla en un clima de creciente tensión social, y se espera que los próximos días sean cruciales para evaluar el impacto de esta controvertida resolución en la sociedad argentina.
Mientras tanto, el gobierno continúa su rumbo, desafiando las advertencias de expertos y activistas sociales, en lo que muchos consideran una peligrosa normalización de la violencia en un país que ya se enfrenta a desafíos económicos y sociales significativos.
