Más de cinco millones de hogares en España deberán reformarse antes de 2030 para cumplir con la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que exige una calificación mínima de clase E. Actualmente, solo el 20% de las viviendas en el país cumplen con esta norma, lo que significa que millones de hogares podrían quedar fuera del mercado de compraventa y alquiler si no realizan las reformas necesarias en los próximos años.
La nueva legislación, que marcará un cambio radical en el mercado inmobiliario español, establece que todas las viviendas deben alcanzar al menos una clasificación E para poder ser vendidas o alquiladas. Esta norma es parte de un calendario progresivo que culminará en 2050, cuando se espera que el parque inmobiliario europeo sea completamente de cero emisiones. Para 2033, la clasificación mínima se elevará a D, lo que pone aún más presión sobre los propietarios.
La situación es crítica, ya que la edad media de las viviendas en España es de 43,5 años, según la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias. Este desafío es aún más complicado porque el resto del parque inmobiliario consume hasta un 70% más de energía que las construcciones más modernas, según datos del IDEA.
Para cumplir con la directiva, los propietarios deben realizar reformas significativas. Las más relevantes incluyen el aislamiento térmico, que implica la renovación de ventanas, puertas, y sistemas de calefacción. Además, la instalación de energías renovables como placas solares y sistemas de aerotermia será crucial para generar energía autosuficiente. La modernización también abarca la mejora de sistemas de climatización y la insonorización, que favorecen tanto el aislamiento acústico como la eficiencia térmica.
Los costes de estas reformas pueden ser elevados, lo que representa un reto para muchas familias. Sin embargo, existen ayudas poco conocidas del Gobierno, como los Fondos Next Generation, financiados por la Unión Europea, que pueden cubrir hasta 3,000 euros de los gastos de rehabilitación energética. El acceso a estas ayudas será clave para que España cumpla con los objetivos europeos y para mejorar el confort de los hogares, así como para lograr un ahorro en las facturas energéticas a largo plazo.
Con la fecha límite de 2030 acercándose rápidamente, los propietarios deben actuar ahora para evitar quedar fuera del mercado. La urgencia de estas reformas no solo implica cumplir con una obligación legal, sino que también ofrece la oportunidad de mejorar la calidad de vida y la eficiencia energética de los hogares españoles.
