NUEVA YORK: La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, encabeza una coalición de 20 fiscales generales que exige una corrección inmediata del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) sobre la elegibilidad para el Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).
En una carta dirigida a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, James advirtió que la nueva guía del USDA clasifica erróneamente a varios grupos de inmigrantes con estatus legal como “no elegibles” para recibir beneficios, excluyendo injustamente a refugiados, asilados y personas admitidas bajo programas humanitarios.
James subrayó que estas instrucciones contradicen leyes federales establecidas, ya que, según la normativa, los refugiados y asilados deberían obtener la elegibilidad para SNAP tan pronto como logran el estatus de residencia permanente.
Sin embargo, la guía del USDA no reconoce adecuadamente esta vía, lo que podría negar beneficios alimentarios a miles de familias que, por ley, los tendrían asegurados. Otro punto crítico señalado es la interpretación del USDA sobre el periodo de espera de cinco años que se aplica a algunos residentes permanentes legales.
James afirmó que el nuevo documento elimina erróneamente las exenciones históricas para refugiados y asilados, contradiciendo tanto la ley como regulaciones anteriores del USDA. Además, los fiscales generales señalaron que la agencia federal ignora un plazo de gracia regulatorio de 120 días que deberían tener los estados para adaptarse a las nuevas directrices.
Según James, el USDA afirma incorrectamente que ese periodo ya se venció un día después de emitir la guía, sin dar a los estados tiempo real para ajustes necesarios, lo que podría exponer a los estados a sanciones injustas.
Para resolver la situación, James y su coalición exigen que el USDA aclare que los refugiados, asilados y personas admitidas por programas humanitarios son elegibles para SNAP al obtener la residencia permanente. También exigen la publicación precisa de la lista de grupos exentos del periodo de espera de cinco años y que se explique legalmente cómo funciona esta regla.
Además, insisten en que se reconozca que el periodo de transición de 120 días debe contarse desde la fecha de emisión de la guía, para evitar sanciones indebidas a los estados. Esta situación podría tener un impacto significativo en la seguridad alimentaria de muchas familias vulnerables en Nueva York y más allá.
La urgencia de esta demanda resalta la importancia de garantizar que los beneficios alimentarios estén disponibles para todos aquellos que por ley tienen derecho a ellos, especialmente en un momento en que la necesidad de apoyo alimentario es crítica.
